Hace seis años, en 2009, un exhaustivo informe encargado por la entonces alcaldesa Aina Calvo desveló una trama de corrupción en la Policía Local de Palma.
Fueron investigados una veintena de mandos y agentes, y se confirmó que algo más de la mitad estaban relacionados con negocios prohibidos o vinculados a empresarios. El exalcalde Mateo Isern también tuvo conocimiento de esa investigación, que quedó en nada.
El intendente de entonces, Nicolás Herrero, detectó un incremento escandaloso del absentismo policial y sospechó que muchos agentes trabajaban en otros negocios mientras estaban de baja laboral por enfermedad y seguían cobrando de Cort.
Herrero informó de la situación a Aina Calvo, que autorizó el pago de 30.000 euros para que el investigador privado Carlos Valencia realizara una investigación con detectives.
Entre marzo y abril de 2009 los investigadores realizaron seguimientos, inspecciones de patrimonios y grabaron en vídeo a los mandos y agentes. Fruto de las investigaciones, los los detectives realizaron un informe de cuyas conclusiones gracias al cual Herrero y Calvo confirmaron «conductas irregulares» o incluso delictivas en una decena de los casos investigados. Se abrió entonces un proceso sancionador y se nombró a un instructor, pero por motivos que nadie conoce finalmente ninguno de los implicados fue expulsado ni se adoptaron medidas disciplinarias duras contra ellos.
Algunos de los detenidos estos días en la operación anticorrupción del juez Penalva ya aparecían en el informe de 2009. Lo que en principio era una investigación sobre bajas laborales fraudulentas acabó desvelando un auténtico entramado de policías corruptos, algunos de ellos muy vinculados a poderosos empresarios de la noche, a los que beneficiaban.