El abogado de tres de los policías locales de Palma que están en prisión provisional desde la semana pasada por una presunta trama de extorsión a empresarios de ocio ha pedido al juez del caso que los deje en libertad porque cree que han sido tratados como cabezas de turco y que la medida es desproporcionada.
El defensor ha presentado un recurso de reforma contra el auto con el que el juez de instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, dictó el 27 de octubre el ingreso en prisión provisional sin fianza de cinco de los policías imputados.
Alega que mediante dicha orden de prisión se ha vulnerado el principio de igualdad, ya que otros agentes investigados están en libertad provisional, y cree que se ha adoptado «como advertencia a otros imputados».
El abogado Gaspar Oliver ha pedido además al juez que pondere la credibilidad y suficiencia de las declaraciones de los testigos que consideró prueba para ordenar la prisión provisional, tanto empresarios como otros agentes, ya que a su juicio presentan signos de animadversión, intereses particulares y motivos espurios contra sus tres defendidos.
Como ejemplo en contra de la credibilidad de los testigos, el letrado afirma que es falsa la acusación de que los policías consumían droga. Explica que ha solicitado una prueba toxicológica y que interpondrá acciones legales contra quienes han manifestado «tamaña falacia».
Alega que el auto de prisión vulnera el derecho a la defensa, a un proceso justo con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva y pide al juez instructor 36 declaraciones de testigos recabadas durante la investigación, de las que 9 las han realizado testigos policiales protegidos.
También solicita la transcripción de una grabación y el escrito amenazador que recibió la regidora de Seguridad Ciudadana del Ajuntament de Palma, Angélica Pastor, y explica que considera necesario tener acceso a esos documentos para poder impugnar el auto de prisión y articular el derecho de defensa.
El letrado califica la prisión provisional dictada de «claramente punitiva» y «una anticipación de la pena» y critica la «nula fundamentación» de las razones aducidas por el juez para ordenarla: evitar la reiteración delictiva, proteger a las víctimas de los delitos y evitar la alteración, manipulación y destrucción de pruebas.
En cuanto a evitar la reiteración delictiva, alega que, según el propio auto, «los supuestos jefes de la organización y la mayoría de los investigados en la causa se hallan en libertad», y afirma que supone tratar «de modo desigual» a sus defendidos.
Sobre la protección a las víctimas, el abogado señala que si el riesgo que padecen es el de una presión ilícita mediante inspecciones policiales no justificadas a sus locales como dice el auto, bastaría con privar a los imputados de la posibilidad de actuar como policías.
Contra el argumento de evitar la destrucción de pruebas, el abogado alega que la instrucción empezó hace más de dos años, por lo que ha habido «tiempo más que suficiente para que los investigadores hayan asegurado las fuentes de prueba».