Alrededor de treinta de los testigos que han declarado en la causa por corrupción policial tiene una especial protección ante el riesgo de sufrir represalias o presiones por parte de los agentes y empresarios investigados. La medida supone un plus especial de cautela ante el temor de muchas de las víctimas o ante la posibilidad de que reciban presiones para cambiar las declaraciones incriminatorias que han realizado en sede judicial o policial.
La declaración de testigo protegido legalmente se toma ante la existencia de un «peligro grave» para la persona que ha declarado. En la práctica supone que su identidad permanece en completo secreto durante todas las actuaciones de manera que los imputados no puedan identificarla. Así se excluye de la causa cualquier dato que pueda revelar quién es el testigo, se evita en cualquier comparecencia que pueda coincidir con los imputados y se le hace llegar cualquier comunicación de manera reservada.
Aunque la investigación permanece bajo secreto sumarial, los dos jueces a cuyo cargo ha estado la causa han adoptado medidas de este tipo.