La acusación que representa al exalcalde de Sóller Carlos Simarro (PP) ha pedido este miércoles 5 años y 5 meses de prisión para el joven que en septiembre de 2012 quemó su coche, para el que la Fiscalía ha solicitado finalmente 15 meses de cárcel tras rebajar la pena inicial de 6 años y 9 meses.
El ministerio público también reclama para el acusado, J.P.C., multas e indemnizaciones que suman unos 14.000 euros, pero considera que ha de ser tenida en cuenta su confesión inmediata, su disposición a reparar el daño y las disculpas públicas que planteó a Simarro y su familia.
La fiscal del caso ha señalado durante el juicio ante la Audiencia de Palma que, con estas atenuantes, es preciso «dar la oportunidad a una persona joven de poder rehacer su vida», y el propio acusado ha reiterado en varias ocasiones durante la vista sus disculpas a Simarro, su familia y el pueblo de Sóller, y se ha declarado «profundamente avergonzado» por lo que hizo.
Sin embargo, el abogado del exalcalde ha argumentado que la quema del coche por discrepancias políticas fue un acto de «terrorismo de baja intensidad», un «atentado contra el Estado democrático», y Simarro ha declarado que el ataque causó «una sensación de psicosis y de pánico muy fuerte» a él y su familia que le hizo plantearse dejar la política y abandonar su pueblo.
El acusado, que tras su detención y confesión ingresó casi un mes en la cárcel y comenzó desde allí sus actuales estudios de Derecho, ha admitido este miércoles que, junto con un menor ya juzgado por estos hechos, compró por la tarde la gasolina con la que en la madrugada del 5 de septiembre de 2012 roció y prendió el coche del entonces alcalde, aparcado ante su casa.
«Fue una estupidez de la cual no me siento orgulloso», ha asegurado J.P.C., que ha reconocido que apartó unas motos próximas al turismo para que no ardieran y que sabía que el coche no explotaría porque era de gasóleo.
Doce días después, él solo, cogió un soplete y dañó catorce de los parquímetros recientemente instalados en Sóller, que habían provocado protestas de muchos vecinos, tras lo cual fue interceptado y detenido por policías locales con los que forcejeó y a los que causó lesiones leves.
Una vez en dependencias policiales, confesó tanto los daños a los parquímetros como el incendio del coche del alcalde.
Poco después, ya acusado de atentado a la autoridad, daños y lesiones y tras imponérsele alejamiento del edil, remitió a tres publicaciones una carta de disculpa y su defensa trató sin éxito de concertar una entrevista con Simarro.
Además, consignó 9.000 euros para cubrir daños del coche (7.000) y los parquímetros (2.000) y antes del juicio ha abonado 1.104 a los policías que lesionó.
Simarro, a quien los padres del joven pidieron personalmente perdón pero no se ha reunido con él, ha explicado que a raíz del atentado sufre de hipertensión debido al miedo que pasó por el propio suceso, ya que las llamas llegaron «metro y medio» del dormitorio de sus hijas, y en los días posteriores, cuando pensaba que él o a su familia podían sufrir cualquier tipo de ataque en cualquier momento.
«Nos planteamos vender la casa y marcharnos», ha incidido el exalcalde, que nunca antes se había sentido amenazado aunque sí contaba con medidas especiales de protección, como vídeovigilancia cerca de su domicilio, dada la tensión generada por las protestas contra el aparcamiento de pago en la calle que implantó en Sóller.
En su informe final, la fiscal ha insistido en que los hechos reconocidos por el acusado son «reprobables», pero ha puesto el acento en su confesión espontánea y en su juventud para subrayar que «es excesivo que ingrese en prisión».
Pero el abogado de Simarro, que además de los 5 años y 5 meses de cárcel pide multas que suman casi 28.000 euros, ha subrayado que el desarrollo del juicio le había generado la sensación de que ejercía la defensa de un acusado, y no la representación de una víctima de «hechos gravísimos» equivalentes a la «kale borroka».
El letrado ha abundado en que el atentado fue programado y que, además de los materiales, ocasionó daños morales al exalcalde y su familia, por lo que ha pedido al tribunal «una sentencia ejemplarizante».
La defensa de J.P.C. ha negado que pretendiera presentar al acusado como una víctima, puesto que pide para él la condena que ha planteado la Fiscalía, pero ha recordado su confesión espontánea y su arrepentimiento público.