Alexander Romanov, el ciudadano ruso para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 17 años de cárcel por blanquear en España 14 millones de euros procedentes de actividades mafiosas, ha recurrido hoy su prisión provisional ante el juzgado que investiga su caso en Palma y ha rebatido las acusaciones.
La defensa de Romanov ha presentado en el juzgado de instrucción 12 de la capital balear un recurso de reposición, y subsidiario de apelación ante la Audiencia, contra el auto de la semana pasada en el que el instructor, Manuel Penalva, ordenaba la apertura de juicio oral contra él y otras once personas, entre ellas su esposa, que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel por delitos similares.
El abogado del presunto mafioso argumenta que se vulnera el principio de igualdad al mantener en prisión a su cliente, que fue detenido en diciembre de 2013, mientras su mujer está en libertad aunque pesan sobre ella cargos «sustancialmente idénticos».
Expone también que la prisión provisional no está suficientemente justificada, porque Romanov «ha colaborado al máximo con la justicia» prestando declaración y aportando documentación sobre el caso.
Además, Romanov tiene domicilio en Mallorca, donde se instaló hace años con su mujer, sus suegros y su hijo, y «su único interés es probar su inocencia y poder recuperar lo que les pertenece, y por ello el riesgo de fuga es nulo».
Señala además la defensa que Romanov tiene varias patologías graves que han empeorado en prisión y que incluso podría ser necesaria su hospitalización para recibir un tratamiento que «resulta inviable» en la cárcel de Palma.
Como alternativa, el letrado ofrece su presentación diaria ante el juzgado, la prestación de fianza y la prohibición de salida del territorio nacional, con la retirada de los documentos que sean precisos para garantizarlo.
El defensor, Marcos García Montes, aporta numerosos argumentos para contradecir las tesis de Anticorrupción y defender que las acusaciones se basan en «meras suposiciones» de los fiscales carentes de indicios incriminatorios suficientes.
Finalmente, el abogado reprocha al juez que en su auto no aporta ninguna motivación para mantener la medida de privación preventiva de libertad sin fianza contra Romanov.
La acusación pública, que presentó la semana pasada un extenso escrito de conclusiones de la investigación, reclama para los doce procesados penas que suman 76 años de prisión y multas que ascienden en total a 165 millones de euros, lo que se traducen en fianzas por un valor conjunto de 220 millones de euros.
En el juicio, pendiente de señalamiento y para el que el ministerio público prevé una duración de dos semanas, se dilucidarán presuntos delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y revelación de secretos.
La Fiscalía considera que hay indicios suficientes para probar que Romanov es un miembro destacado de Taganskaya, organización dedicada a la apropiación fraudulenta de empresas, en ocasiones con métodos violentos, y también al fraude, la extorsión y el asesinato por encargo.
Gracias a su pertenencia a esa mafia, el acusado, de 51 años, se habría hecho con la titularidad de empresas y bienes en su país y, tras cumplir una condena por estafa, se trasladó a España con el propósito de blanquear fondos ilícitos y proseguir a distancia con sus actividades, según el escrito de acusación.