Un funcionario ha aceptado una pena de dos años y tres meses de cárcel, cuatro de inhabilitación y una multa de 1.080 euros por haber aprovechado su cargo como auxiliar en el servicio de expedición de DNI y pasaportes para malversar hasta 4.847 euros, de los que se apoderó una vez los ciudadanos -hasta un total de 476 resultaron perjudicados- pagaban el importe correspondiente a la renovación de sus documentos identificativos.
En concreto, la Fiscalía solicitaba inicialmente nueve años de cárcel y 14 de inhabilitación para el procesado, Rufo M.B., que ha alcanzado un acuerdo de conformidad por el que se le condena por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad, con la aplicación de dos atenuantes de dilaciones indebidas.
Tal y como ha admitido el acusado, los hechos sucedieron entre junio de 2007, cuando el funcionario tomó posesión de su cargo en el departamento dependiente de la Brigada de Extranjería y Documentación, y mayo de 2008, fecha en la que fue suspendido de funciones. Su actuación delictiva la realizó tanto en su inicial destino en la Comisaría de Moratalaz (Madrid) y la de Palma.
Así, con el objetivo obtener un beneficio patrimonial, el procesado se quedaba con los importes que los ciudadanos le pagaban por renovar sus DNIs -hasta 6,8 euros por documento-, borrando a continuación los datos de tal modo que no quedase constancia en el sistema informático de las operaciones que había llevado a cabo.
En otras ocasiones, Rufo M.B. tramitaba como gratuitas las renovaciones de documentos que exigían el pago de la tasa, apoderándose de las cantidades que le entregaban los usuarios. El inculpado estuvo privado de libertad por estos hechos del 23 al 26 de mayo de 2008.