La Audiencia de Palma juzgará la próxima semana a un funcionario por quedarse los importes abonados por personas que acudían a renovar el DNI o el pasaporte, para quien la Fiscalía pide una condena de 9 años de prisión y que indemnice a la Administración del Estado con los 4.847 euros que se apropió.
La acusación pública cree que el acusado, que era funcionario auxiliar en el servicio de expedición de DNI y pasaportes, se quedó los importes pagados por los ciudadanos para renovar los documentos por caducidad, deterioro, pérdida o sustracción.
Esto habría sucedido a lo largo de once meses, desde que tomó posesión de su cargo en junio de 2007 hasta que fue suspendido por estos hechos en mayo de 2008, y habría afectado a 476 personas.
El fiscal cree que el acusado generaba los documentos sin grabar ningún dato en su chip, de manera que aunque tenían apariencia de auténticos carecían de validez electrónica y eran nulos. Posteriormente borraba los datos de manera que no constaba la renovación en el sistema informático.
En otros casos, el hombre tramitaba como si fuera gratuita la renovación de documentos que exigían el pago de una tasa y se quedaba los importes entregados por los ciudadanos.
La fiscalía pide que sea condenado a 4 años de cárcel por un delito de malversación y a otros 5 por un delito continuado de falsedad. También solicita una multa de 6.000 euros, que sean inhabilitado 14 años e indemnice al Estado con lo sustraído, 4.847,7 euros, además de los intereses.
El juicio tendrá lugar ante la sección primera de la Audiencia de Palma el martes y miércoles de la semana que viene.