La gerente territorial del Ministerio de Justicia en Balears, Almudena Domínguez, ha asegurado este jueves que se espera poder restablecer a principios de la semana que viene la actividad judicial en el edificio del Instituto de Medicina Legal y los juzgados de lo contencioso-administrativo incendiado este miércoles.
La única zona que se quemó fue el archivo de los tres juzgados de lo contencioso-administrativo de Palma situados en el inmueble de la calle Parellades, en el que ayer se quemó el segundo sótano, y una pequeña parte del archivo del Instituto de Medicina Legal.
A causa del incendio, se ha suspendido la actividad procesal de manera que este jueves se han cancelado tres juicios, y quizá se tengan que suspender también los doce fijados para el próximo lunes, pero se espera retomar la actividad en cuanto finalicen los trabajos de mantenimiento de las instalaciones de electricidad y cañerías, así como la limpieza, que ya se están llevado a cabo.
El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha asegurado en una rueda de prensa que «se trabaja a marchas forzadas para recuperar la normalidad».
Mientras la actividad judicial esté suspendida, se han paralizado plazos de actuaciones procesales, sin perjuicio de que algunas puedan avanzar por vía telemática y de que los jueces siguen trabajando desde sus domicilios en el dictado de sentencias que puedan estar pendientes.
Además, si se solicitan medidas urgentes cautelarísimas en algún procedimiento, las tramitaría el decanato en papel para darles respuesta puntual.
El Instituto de Medicina Legal mantiene la actividad que deriva de los juzgados de guardia de Palma, Inca y Manacor y las autopsias que se generan, si bien ha suspendido 25 consultas programadas para este jueves y otras tantas para mañana, ha explicado su directora, Aina Estarellas.
El personal que se ha visto afectado por la suspensión de actividad son 6 jueces de lo contencioso-administrativo, 3 secretarios judiciales, 21 funcionarios, 15 médicos forenses y 4 administrativos de la clínica.
En cuanto a la documentación afectada por el incendio, la secretaria de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears, María Dulce Capó, ha explicado que «en principio todo lo quemado es recuperable», ya que los expedientes administrativos archivados eran copias y lo que afecta al funcionamiento de los juzgados se conserva en el sistema informático.
El archivo almacenaba documentos de 2010 y 2011, todos ellos asuntos con sentencia firme o bien en espera de ejecución. Los expedientes pendientes, se irán recuperando a medida que se vayan instando las ejecuciones.
En cuanto puedan restablecer la actividad, los secretarios determinarán el número de expedientes afectados.
Los servicios centrales del Ministerio de Justicia han confirmado que todo lo informático se ha conservado en los servidores y está en perfecto estado.
La documentación del Instituto de Medicina Legal está informatizada desde 2009 o 2010 y su directora ha detallado que en el archivo quemado «había algunas cosas un poco más antiguas pero no repercutirá en absoluto en el quehacer diario».
Las causas del incendio todavía no se han determinado, a la espera de un informe definitivo de la policía científica que sigue recopilando pruebas, pero el juez decano de Palma ha señalado que «en principio no hay ningún indicio extraño que lleve a otra hipótesis diferente a la del accidente», aunque se deben ir descartando todas las posibilidades.
La responsable de Justicia ha asegurado que en el ministerio no consta que hubiera ningún problema en las instalaciones del archivo ni de todo el edificio, que está alquilado.
Martínez Espinosa ha señalado que el incendio de ayer es «un hecho puntual» que espera que no condicione de forma importante la marcha de los tres juzgados de lo contencioso, que cuentan todos con un juez de refuerzo y están «en camino de acortar de forma efectiva el tiempo de respuesta de estos juzgados que son de los que más sufrían falta de medios».