La investigación en el caso de la corrupción policial en Magaluf está determinando si parte de la cúpula política del Ayuntamiento de Calvià conocía la existencia del vídeo que ha destapado el caso y no lo denunció. Si fuera así, algunos funcionarios y políticos podrían haber incurrido en un delito de prevaricación.
El jueves 31 de julio, por la mañana, los dueños de la empresa Carnage -John Daly y Paul Vernon- acudieron al Ayuntamiento de Calvià con su abogado, Mateo Cañellas, y el intérprete Manuel Hernández. Habían solicitado una reunión para denunciar que estaban siendo extorsionados y querían aportar como prueba el vídeo de club «Pure». Por parte del Ayuntamiento, se encontraban el teniente de alcalde y responsable de la Policía Local, Manuel Grillé; el secretario, Joan Castañer; el gerente, Víctor Fernández; el jefe de Comercio, Joan Feliu, y el abogado del Consistorio, David Salvá.
El encuentro, al parecer, fue grabado sin que los políticos o funcionarios se dieran cuenta. En la reunión no estaba el alcalde, Manu Onieva, y en un principio tampoco estaba Navarro, el jefe de Policía. Sin embargo, Navarro apareció con un oficial poco después y se negó a ver el vídeo, asegurando que le estaban extorsionando a él. Añadió que, en todo caso, se trataba de un ejercicio para los perros de la Unidad Canina, y nunca una extorsión policial. La reunión finalizó sin concenso alguno y los británicos, un mes después, decidieron acudir a la Fiscalía Anticorrupción y entregar todas las pruebas que tenían.
Ahora, la investigación tiene en el punto de mira esa reunión del 31 de julio. También se intenta determinar quién eligió el local «Pure» para meter la droga, toda vez que parece que los policías locales que fueron no lo hicieron sólo por su cuenta. Alguien, pues, manejaba los hilos de los agentes corruptos. El origen de la cocaína empleada es otro de los enigmas a despejar, ya que en el libro de salidas de la Policía Local no consta movimiento alguno esa noche.