La familia de Ana Niculai, la joven de 25 años secuestrada y asesinada por el preso fugado Alejandro de Abarca en 2009, reclama al Ministerio del Interior 1,6 millones de euros. La petición se justifica en los «gravísimos fallos» que permitieron tanto que el recluso obtuviera un permiso ese fin de semana como en lo que consideran retrasos a la hora de ordenar la busca y captura del asesino.
Alejando de Abarca cumplía condena por varios robos con violencia cuando asesinó a Ana Niculai. Había accedido al tercer grado penitenciario y gozaba de permisos de fin de semana. El abogado de la familia, Antoni Monserrat, cuestiona que se le concedieran esos beneficios dada la «evidente y demostrada peligrosidad previa de Abarca». Pone como ejemplo que el fin de semana anterior al que se fugó cometió un robo con violencia por el que fue condenado a dos años y medio de prisión. Además, varios testigos en la causa aseguraron que era consumidor habitual de drogas. De haberse descubierto este hecho, Abarca no hubiera podido tener permisos. Sin embargo, consiguió burlar los controles.
El día que ocurrieron los hechos, Abarca tenía que regresar al centro de inserción social de Palma a las 8.30 horas. A pesar de eso, toda la comunicación que se hizo ese día a las fuerzas de seguridad fue un fax enviado a la Comandancia de la Guardia Civil doce horas después, cuando ya habían ocurrido los hechos.
La familia también alude a falta de coordinación entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Un agente del CNP supo que sobre las tres y media de la tarde, un hombre había sido visto cuando tenía en un coche encerrada a una joven en la Porta de Sant Antoni. La Guardia Civil, que ya investigaba la desaparición de Niculai no tuvo ese dato hasta el día después.
En el escrito se reclama una responsabilidad patrimonial del Estado hacia los diez hermanos de la víctima y sus padres. Abarca fue condenado a 30 años de cárcel por el secuestro y asesinato de la joven.