El ‘caso Abarca' todavía sigue abierto. Una vez terminado el juicio y cuando la sentencia sea firme, la familia de Ana Niculai formalizará su reclamación ante los ministerios de Interior y de Justicia ante la falta de coordinación que estima que se produjo entre las fuerzas del orden y administraciones penitenciarias el 19 de julio de 2010. Con la sentencia, los representantes legales de la familia cuentan con un relato de hechos ciertos y con varias declaraciones con las que sustentar su reclamación económica.
Uno de los elementos en los que se fundamentan es en el aviso por parte de los responsables del Centro de Integración Social de Palma de que el preso Alejandro de Abarca no había regresado tras el fin de semana. El acusado estaba en tercer grado y ese día tenía que entrar de nuevo en la cárcel a las ocho y media de la mañana. Su ausencia se detectó de inmediato. Sin embargo, consta que se le puso en busca y captura a las dos y media. Tampoco quedó claro que esa misma mañana la Guardia Civil tuviera constancia de este hecho. Según manifestó el capitán que investigó los hechos supo de Abarca cuando la víctima ya había muerto y le llamó un compañero del acusado que sospechó de él. La Benemérita investigaba la desaparición de la joven desde el mismo día, puesto que el novio había denunciado en Llucmajor su ausencia. A pesar de que los agentes ya habían centrado esa misma mañana las pesquisas en el bar que llevaba la joven en sa Gerreria no supieron que varias personas habían avisado al Cuerpo Nacional de Policía de que habían visto a una joven secuestrada en un coche. Ese aviso se pasó por parte de la sala del 091 a las patrullas que había en la calle ese día. A nadie más.
Aún hubo un tercer episodio en el que Abarca estuvo en el radar de las fuerzas de seguridad. Un conductor que circulaba cerca de Santa María llamó a la Guardia Civil al ver un vehículo que hacía maniobras peligrosas. Dio la matrícula de forma fragmentaria, peros según dijo, le comentaron que era un coche cuyo robo se había denunciado.
Ninguna de estas circunstancias, de haberse corregido, garantizan que los hechos hubieran ocurrido de otra manera. Sin embargo, la familia considera que existió una falta de diligencia y de coordinación que agravó el riesgo de que éste fuera el resultado final.