Faltaban cinco minutos para las once de la mañana cuando agentes del Grupo de Información de la Guardia Civil de Palma, acompañados de una secretaria judicial, irrumpían ayer en el cuartel de San Fernando, sede de la Policía Local. Anticorrupción y el juez Castro habían autorizado el registro por un caso de ascenso de mandos municipales supuestamente amañado.
El origen de la investigación de la Guardia Civil se remonta a los meses en los que se estaba siguiendo a la banda de los 'Ángeles del Infierno'. Dos policías locales, uno de los cuales sigue en prisión, aparecían implicados con la banda y los agentes se entrevistaron con algunos municipales para obtener información. Fue entonces cuando un «denunciante anónimo» aseguró que algunos oficiales habían conseguido su plaza porque les habían filtrado los exámenes, un día antes de las oposiciones de mayo de 2012.
El Grupo de Información puso en marcha una investigación secreta y rastreó algunos emails que se habían cruzado en esos días, entre mandos del cuartel y aspirantes a oficiales. El principal acusado en la trama era Enrique Calvo, director general del Área de Seguridad Ciudadana de Cort, que ayer por la mañana, cuando llegó a su despacho de San Fernando, todavía no sabía que estaba imputado.
La comisión judicial se identificó en la entrada del cuartel y pidió por Antoni Vera, el jefe de la Policía Local, al que informaron del registro que iban a llevar a cabo. Los agentes se llevaron un ordenador Mac del despacho de Enrique Calvo, así como algunos soportes informáticos. En el auto firmado por el juez Castro también estaba previsto el registro en el despacho y la casa particular de Antoni Vera, aunque finalmente no fue necesario. Al cierre de esta edición estaban imputados en el caso el director general, Enrique Calvo, y el oficial del USEI Santiago Adrover, que consiguió la plaza en las polémicas oposiciones, y el oficial Tomás Javier..