¿Casualidad o picaresca? El asesor fiscal y los abogados del empresario de Alaró asesinado están haciendo frente a un aluvión de inquilinos que están dejando de pagar alegando que días antes del crimen le pagaron a Andreu Coll Bennàssar «en mano».
El fallecido poseía una fortuna y tenía 98 propiedades, la mayoría pisos, comercios, locales y solares. El crimen se produjo en la madrugada del sábado día 29 al domingo día 30 de junio y ahora, dos semanas después, el equipo que controla las empresas de Andreu Coll se ha encontrado con al menos 14 casos de inquilinos que aseguran haberle pagado grandes cantidades de dinero «en mano», sin que conste por medio ningún documento, y en los últimos días de junio. Se trataría de los alquileres de varios meses, a partir de julio, y la supuesta morosidad alcanzada hasta ayer supera los 400.000 euros. Uno de los inquilinos, por ejemplo, asegura que le pagó de golpe 50.000 euros y que después se produjo el crimen «por lo que no he querido contarlo hasta ahora». Curiosamente, Andreu era muy metódico en todos sus negocios y con su equipo de asesores y abogados recopilaba toda la información de pagos y deudas. Esos 50.000 no aparecen en ningún documento analizado hasta la fecha. Otros alquileres impagos de este mes han sido justificados porque «el dinero se entregó en un sobre, en mano a Andreu». La familia del empresario teme que muchos de estos inquilinos estén intentando aprovecharse de las dramáticas circunstancias en las que se produjo su muerte.
Pleitos
Desde 2006, Andreu Coll Bennàssar interpuso 268 pleitos contra morosos que tenían alquiladas algunas de sus propiedades y también consiguió el desahucio de numerosos inquilinos. Sus empresas del sector del juego (máquinas recreativas) e inmobiliarias le permitieron amasar con los años un enorme patrimonio, valorado en 50 millones de euros. Su heredero universal era Andreu júnior, pero al confesar el crimen, todo pasa a la hermana del empresario, Margarita.
Ayer también trascendieron nuevos datos del caso. Al parecer, días después del crimen los tres hijos -Andreu, Toni y Ainara- enviaron a un abogado para que se entrevistara con el asesor fiscal del empresario, y le entregara los poderes para manejar todas las empresas y poder cobrar los alquileres mensuales de las 98 propiedades del difunto. El asesor les pidió un poco de calma y dos días después el caso dio un vuelco inesperado: el joven Andreu, de 18 años, y su amigo Fran, de 20, eran detenidos y confesaban el asesinato.