Nueve policías locales serán juzgados por la detención del abogado Tugores

REUNION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL REAL MALLORCA PRESIDIDO POR MATEU ALEMANY

Tugores (derecha), junto a Joan Buades camino de una reunión del Real Mallorca. | Joan Torres

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Nueve agentes de la Policía Local de Palma serán juzgados por los hechos que rodearon a la detención del abogado Antoni Tugores en octubre de 2008. El titular del juzgado de Instrucción número 2 ha dictado auto de apertura de juicio oral contra un jefe de unidad y ocho agentes. Todos ellos están acusados por el abogado que fue arrestado. El Colegio de Abogados, también personado en la causa solicita penas sólo para el jefe del grupo. La Fiscalía sostiene que los hechos no suponen ningún delito.

La acusación particular, que ejerce el letrado Llorenç Salvà, del bufete Buades, solicita penas de seis meses de cárcel y seis años de inhabilitación para todos los agentes por delitos contra la integridad moral y la libertad. Además añade a esta petición un delito de revelación de secretos para el portavoz de la Policía Local y al jefe del grupo para los que reclama un año de cárcel por este delito.

En octubre de 2008 la Policía Local detuvo al abogado y a un agente de policía en su despacho en una operación por una supuesta trama de manipulación de atestados. El asunto quedó en nada durante la investigación judicial y fue sobreseído.

A raíz del archivo, el letrado planteó una querella contra los agentes. La causa fue archivada en un primer momento, pero la Audiencia Provincial ordenó su reapertura. Ahora llegará a juicio en un juzgado de lo Penal.

La acusación sostiene que los policías se personaron en el despacho del letrado y le detuvieron sin mayores explicaciones. Además sostiene que, junto a esta falta de información, la detención se prolongó de forma innecesaria ya que durante doce horas estuvo en los calabozos del cuartel sin que se realizar ningún tipo de diligencia. En ese tiempo, el escrito de acusación indica que Tugores «fue esposado a una silla y posteriormente le obligaron a quitarse toda la ropa y quedarse en calzoncillos aludiendo que dicha actuación era protocolaria».

También considera la acusación que la detención practicada y el hecho de que se diera publicidad al arresto supuso «darle una proyección innecesaria e injustificada». Así, señala que el abogado sufrió perjuicios en su actividad profesional, en la que estaba especializado en la asistencia penal en accidentes de tráfico.

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