El principal acusado en la trama de corrupción en la cárcel del Palma, Antonio Cao, negó ayer en el juicio haber cobrado a los presos para introducir drogas, alcohol o teléfonos móviles en el centro penitenciario. Además, a preguntas de su abogada, Carolina Ruíz, aseguró que tiene diagnosticada una esquizofrenia paranoide. El acusado se enfrenta a una condena de 47 años de cárcel y se negó a contestar a las preguntas de la fiscal y de la acusación particular.
Cao está acusado de amenazar al director del centro penitenciario después de que le abriera un expediente. Para ello le envió -según la acusación- un corazón de cerdo podrido en una caja. También de vender droga y móviles a los presos y de difundir información sensible que afectaba a la seguridad del centro penitenciario. Cuando ocurrieron esos hechos, el acusado asegura que tomaba medicamentos psicológicos y que a la vez era consumidor de estupefacientes.
Antes de su declaración, su defensa había planteado la exclusión del juicio del delito de tráfico de drogas, el que más petición de pena comporta para el acusado. Sostiene la letrada que la Fiscalía no ha determinado de forma suficiente los cargos y que, por lo tanto no se puede defender de forma adecuada. A esta petición se unieron el resto de defensas y la Sala acordó decidir en la sentencia. Con todo, lo que motivó un incidente entre la presidenta del Tribunal y uno de los defensores -Fernando Mateas- fue la decisión de la Sala de admitir un testigo propuesto ayer por la Fiscalía. El abogado que defiende a Antonio Palmer, formuló una protesta por falta de imparcialidad de las tres magistradas. La presidenta, Francisca Ramis respondió de forma, tajante al letrado: «Este tribunal es imparcial y neutral».
Además de Cao, también afrontan penas muy elevadas de prisión otros dos funcionarios del centro penitenciario: Antonio Palmer, al que se piden 24 años y Mario Fernández Lora, para el que reclaman 30. Otro trabajador de la prisión afronta una posible condena de dos años y un preso, Partick Duchemin una pena de siete meses por aceptar un teléfono móvil.