Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mallorca a 30 personas de distintas nacionalidades desarticulando así una red organizada dedicada a la comisión de delitos directamente relacionados con la facilitación de contratos falsos de trabajo para recibir prestaciones fraudulentas del Ministerio de Trabajo y regularizar extranjeros obteniendo permisos de residencia por arraigo o renovación de estos permisos.
En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Baleares ha informado de que uno de los arrestados es uno de los cabecillas de la red, tratándose de un 'empresario' de Bendinat, dándose la circunstancia de que una de las trabajadoras de la empresa ficticia investigada en realidad trabajaba como empleada del hogar en la casa del empresario.
Además, ha revelado que el empresario de la construcción detenido en colaboración con otras personas dieron de alta en su empresa a más 70 trabajadores acumulando una deuda en la Seguridad Social que ronda los 300.000 euros.
De este modo, los investigadores calculan, que el dinero cobrado fraudulentamente por prestaciones por desempleo asciende a 177.616 euros y en prestaciones por maternidad asciende a 53.841 euros.
Además, ha señalado que en el marco de la operación se ha intervenido numerosa documentación falsa, tales como contratos falsos y nóminas.
Por otro lado, ha indicado que desde hace tiempo, se vienen investigando una serie de empresas 'virtuales o ficticias' que en su día se establecieron con la única finalidad de «obtener pingües beneficios por parte de los constituyentes de las mismas a través del pago que hacen los 'trabajadores' a estos para conseguir también beneficios consistentes en la obtención de permisos de residencia a los que no tienen derecho o beneficios económicos provenientes de fondos públicos, como son las distintas prestaciones económicas que «realmente nunca han generado».
Concretamente, la Policía Nacional ha detallado que la actividad del grupo delictivo consistía en la creación de empresas ficticias o carentes de cualquier actividad, se contrataban a trabajadores que pagaban unas cantidades económicas entre 600 y 2.500 euros, calculando que el lucro obtenido por los responsables se elevaría por encima de los 180.000 euros.
A cambio, han apuntado que obtenían un contrato de trabajo falso, que servía para más adelante, en unos casos, cobrar prestaciones, en otros renovar el permiso de residencia - puesto que para ello es necesario tener un contrato de trabajo- y en otros casos obtener un primer permiso de residencia por arraigo, para lo cual también es necesario un contrato de trabajo.
La Operación 'Grande', que ha sido realizada por el Grupo 1º de la UCRIF, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, sigue abierta a la espera de la localización de los demás 'trabajadores' beneficiarios de derechos y subvenciones que no les corresponden, por lo que la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.