El Consejo de Ministros ha concedido, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el indulto a la joven Emilia Soria, la madre que realizó varias compras con una tarjeta de crédito que se encontró en la calle, hechos por los que fue condenada por un juzgado de Valencia a la pena de un año y 10 meses de prisión y por los que en 12 días debía ingresar en el establecimiento penitenciario, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
El Gobierno conmuta la pena de cárcel pendiente de cumplir por Emilia Soria por otra de 30 días de trabajos sociales en beneficio de la comunidad, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del Real Decreto. El Ejecutivo ha otorgado recientemente la medida de gracia en otros casos similares a los de esta mujer, según las fuentes consultadas. El indulto se produce tras contar con informes desfavorables por parte de la sala sentenciadora y del ministerio fiscal.
Para su propuesta de indulto, el Ministerio de Justicia ha tenido en cuenta que se trataba de la primera condena de Emilia Soria y que no ha vuelto a reincidir; el informe social del Ayuntamiento de Requena en el que se señalaba que su ingreso en prisión constituiría un grave perjuicio; que los hechos fueron cometidos hace seis años; las circunstancias familiares de la joven con tres hijos a su cuidado; y que se encuentra en una situación económica comprometida.
Paralelamente a esta decisión, este jueves, el juzgado de lo Penal número 13 de Valencia se había pronunciado sobre este caso y había acordado la suspensión de la ejecución del cumplimiento de la pena de cárcel en base a la petición de indulto. En concreto, acordaba suspender la condena en tanto se tramita el expediente de indulto, y en todo caso por el plazo máximo de un año.
De esta forma, el magistrado de Valencia ha estimado el recurso de reforma interpuesto por el abogado de Emilia contra el auto de fecha 9 de enero de 2013, por el que se denegó la suspensión de la ejecución de las penas durante la tramitación del indulto. En este escrito, el letrado aludía al artículo 4.4 del Código Penal, que recoge que se aplicará la suspensión cuando de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de la petición de indulto «pudiera resultar ilusoria».
La familia de Emilia, la joven que fue condenada por delitos continuados de estafa y falsificación en documento mercantil, ha conseguido recoger más de 166.000 firmas para que no vaya a prisión, según recoge la plataforma Change.org, en la que se ha realizado la petición del indulto. Emilia ha defendido en declaraciones a los medios que utilizó la tarjeta que se encontró en la calle para comprar comida y pañales.
22 AÑOS Y DOS HIJAS
La joven tenía 22 años y dos niñas de dos y seis años en el momento de los hechos. Según consta como probado en la sentencia --facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana--, Emilia se encontró el 24 de mayo de 2007, en las inmediaciones de la Plaza de España de Requena, una cartera que previamente había sido sustraída a su propietaria por personas no identificadas.
La cartera contenía, entre otras cosas, un DNI y dos tarjetas de crédito. Sobre las 15.14 horas, la joven se dirigió a un establecimiento de Utiel y, acompañada por el DNI de la víctima, realizó una compra por importe de 193,98 euros. En ese momento, la cajera no se percató de que ni el DNI ni la tarjeta correspondían a la chica que realizaba la compra.
Transcurridos unos minutos, sobre las 15.41 horas, la joven volvió al mismo local e intentó otra compra por importe de 250 euros, lo que llamó la atención de la empleada, quien avisó a su jefe. Finalmente, no le pasaron la tarjeta.
Sobre las 15.50 horas, se dirigió a otro establecimiento de Utiel e intentó una nueva compra de 122 euros utilizando el mismo procedimiento. La jefa de cajas se percató de que el DNI y la tarjeta no correspondían a la chica, así que no se la admitieron. Esta les manifestó que correspondían a una tía suya.
Ese mismo día, sobre las 15.56 horas, realizó otra compra en otro local por importe de 45,71 euros; y sobre las 16.18 horas del mismo día 24 de mayo de 2007, realizó otra compra de gasolina en una estación de servicio ubicada en Requena por importe de 50 euros. En total, la mujer realizó compras por valor de 289,69 euros. Los documentos que utilizó la mujer desparecieron. Al parecer, según recoge la sentencia, fueron arrojados por Emilia a una alcantarilla en Requena al finalizar las compras.
Por estos motivos, el juzgado le condenó como responsable de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y de un delito continuado de estafa a las penas de un año y 10 meses de prisión; y por el delito de estafa a la pena de seis meses de cárcel, que se acordaba sustituir por seis meses de trabajos en beneficio de la comunidad. Ahora, se le ha declarado suspensa la pena.