En libertad. Los siete detenidos que pasaron a disposición judicial ayer por formar parte de la red de usura y extorsión que supuestamente encabeza 'el pacificador' de Son Gotleu salieron del juzgado sin ninguna medida cautelar. El ministerio público no reclamó ningún tipo de petición al juez sobre los detenidos y, de hecho, ni siquiera asistió a los interrogatorios en el juzgado de guardia.
Cinco de los detenidos, contando al supuesto cabecilla son miembros de la misma familia. Junto a ellos pasaron a disposición otras dos personas, una de ellas, por ejemplo, se dedicaba supuestamente al mismo tipo de préstamos desde Muro.
El principal detenido, defenido por el letrado David Salvà aseguró que todos sus ingresos provienen de sus actividades como promotor musical y de la compra y venta de coches. Limitó su papel en los préstamos a alguna intermediación puntual y negó de forma tajante haber empleado cualquier tipo de violencia.
Según la policía, la red desarticulada en la denominada 'operación Celda' se dedicaba a exigir intereses desproporcionados por los préstamos. Las condiciones llegaban a suponer el pago de hasta 500 euros diarios sólo en este concepto.
En caso de impagos, según el Cuerpo Nacional de Policía, los miembros de la red empleaban la intmidación y la violencia física con las víctimas y llegaron a emplear armas de fuego para conseguir los pagos. El caso más extremo que ha desvelado la investigación apunta a la retención de un hombre en la vivienda del cabecilla de la red. Según creen los investigadores en un primer momento, esta persona fue capturada en la casa. Un mes después, como no había satisfecho la cantidad que adeudaba fue encerrada de nuevo durante más de cuatro horas. Le soltaron con la condición de que pagara a la mañana siguiente. Como tampoco lo hizo fue de nuevo retenido hasta que un familiar pagó.
Otra de las cuestiones que se investigan es si los miembros de la red obligaron a algunos de los deudores a asumir hipotecas sobre sus bienes para que les pagaran.
La operación se ha llevado a cabo por el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial que mantiene las pesquisas abiertas.