Esta mañana está previsto que comience el juicio contra un médico otorrino de 46 años de edad, Javier P. O., por abusar presuntamente de 31 mujeres que eran sus pacientes, 27 de las cuales fueron además fotografiadas y grabadas con una cámara, por lo que el fiscal pide un total de 116 años de cárcel.
El juicio durará hasta el viernes y se celebrará en la Audiencia Provincial, en vez de en el Juzgado de lo Penal número 7, por razones de espacio, ya que están personadas doce acusaciones particulares y ocho responsables civiles.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera que el especialista en oído, nariz y garganta abusó en una clínica privada de Palma de sus pacientes desde el año 2004 hasta 2008, cuando fue denunciado por una de ellas que era menor de edad.
Según el fiscal, el médico actuaba con una «evidente intención libidinosa», aprovechaba la confianza que depositaban en él las mujeres y las engañaba haciéndolas creer que debían desnudarse para su diagnóstico, de lo que se valía de su superioridad como médico. En la mayor parte de los casos las pacientes acudían por problemas de oído por sufrir vértigo o mareos.
Una vez en la consulta, les ordenaba que se quitaran la ropa, les hacía ponerse unas gafas negras con las que no podían ver nada y luego las tocaba por todo el cuerpo, al tiempo que hacía fotografías y grababa sus partes íntimas. Ninguna de las mujeres sabía que el acusado las grababa, continúa el fiscal en su escrito, que indica que el hombre almacenaba luego las fotos y las grabaciones para verlas en su casa.
Delitos
El fiscal considera al médico responsable de 31 delitos de abuso sexual por los tocamientos a las mujeres, y pide por cada uno de ellos 2 años de cárcel, así como de otros 27 delitos contra la intimidad por las grabaciones y fotografías, por los que también reclama 2 años de prisión.
En total, pide 62 años de cárcel por los primeros delitos y 54 años de prisión más por los segundos, así como la inhabilitación para ejercer de médico durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama una indemnización de 3.000 euros para cada una de las mujeres por daños morales.