«Quiero que me expulsen. Prefiero dormir en la cárcel que en la calle». Ana D. S., la brasileña que agredió a una funcionaria con una pantalla de ordenador y arrojó el asiento de una silla a la juez de guardia el martes, cumplirá el deseo que expresó cuando fue detenida. Al menos esta noche. La joven, de 28 años de edad, dijo esta frase el pasado sábado, cuando la Policía Nacional la detuvo por primera vez. Ayer, el juez de guardia en Palma, decidió su ingreso en prisión provisional.
La inmigrante, cuya situación en España estaba aún por dirimir, de acuerdo con la Policía Nacional, tuvo un primer ataque de agresividad el sábado a las nueve y media de la mañana. Armada con una barra de metal de dos metros de largo comenzó a destrozar retrovisores de vehículos aparcados en el Paseo Mallorca. Los vecinos avisaron a la Policía Nacional, que destacó a un motorista hasta el lugar. El agente pidió a la mujer que parara. Sin embargo, ésta reaccionó de forma violenta y dio un golpe en el brazo al policía, que aún iba en la motocicleta. A consecuencia del golpe, el agente fue derribado. Finalmente, la mujer fue detenida y trasladada a la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía. Allí, se negó a declarar. Eso sí, solicitó que se comunicara su detención al consulado de Brasil, para que se tramitara su repatriación.
El martes por la mañana protagonizó la agresión en el juzgado de guardia. La magistrada le había comunicado que quedaría en libertad y ella pidió que se le pagara un billete de avión para regresar a su país. La juez le comunicó que no estaba entre sus competencias acceder a esa petición. En ese momento primero lanzó a la magistrada el asiento de una silla que estaba rota y después tiró una pantalla de ordenador a una funcionaria, a la que provocó un hematoma en el costado. A continuación fue reducida por los servicios de seguridad de los juzgados de Vía Alemania y la Policía Nacional.
Ayer repitió su paso por el juzgado de guardia tras pasar una noche más en los calabozos de la Jefatura de Policía. Antes fue objeto de un examen en la clínica forense. La mujer permaneció tranquila en el calabozo y se extremaron las medidas de seguridad con ella para evitar que se reprodujeran los incidentes.
Finalmente, el juez de guardia decidió su ingreso en prisión. La mujer está imputada de delitos de atentado a la autoridad, daños y lesiones.
El incidente en los juzgados ha provocado críticas por la situación de seguridad en los juzgados. El sindictado CSI-F afirma que no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo y denuncia que las agresiones «aumentan paulatinamente». En un comunicado, señaló que se personará como acusación particular en este caso y en todos los que se abran a consecuencia de agresiones al personal de la Justicia.
A su juicio, es cada vez más frecuente el que los imputados o sus familiares amenacen, insulten y agredan tanto física como verbalmente a los funcionarios de la Justicia que «se ven impotentes, desamparados y sin ningún tipo de medios» para evitar estos sucesos.
La CISF asegura que ha constatado «un paulatino aumento» en las agresiones físicas y en la gravedad de las mismas y por ello reclaman como medida disuasoria que se contrate a más vigilantes de seguridad y se frenen este tipo de situaciones.