AGUSTÍ AGUILÓ
La investigación por la trama de corrupción en la cárcel de Palma está tratando de aclarar si Mario F., uno de los funcionarios arrestados la semana pasada, podría haber provocado el aborto de una reclusa.
Además de las acusaciones ya conocidas de dirigir un auténtico clan de tráfico de drogas, y otorgar favores de todo tipo a presos del centro, una nueva sospecha planea sobre el funcionario encarcelado. Ayudado por un médico de la cárcel, también detenido, Mario F., podría haber provocado que una reclusa perdiera su bebé como consecuencia de someterla a numerosas coacciones, intimidaciones y amenazas. En cualquier caso, se trata de la denuncia de una reclusa y todavía no se ha confirmado ningún extremo.
De acuerdo con los datos facilitados hasta el momento a los investigadores, la mujer recibió presiones y le retiraron determinados medicamentos, lo que hizo que sufriera el aborto, por lo que tuvo que ingresar en la enfermería de la prisión para ser asistida. Los desencuentros entre Mario y la reclusa no acabaron aquí y al funcionario se le prohibió visitarla en la enfermería.
La comisión de tales hechos, que están siendo investigados policial y judicialmente, habrían ocurrido hace dos años aproximadamente y han sido de gran valor para destapar el entramado mafioso dentro de la prisión.
Posteriormente a estos hechos, las supuestas presiones del funcionario ahora detenido no cesaron, y tras sufrir una crisis la reclusa tuvo que ser excarcelada e ingresada en el hospital de Son Dureta.
La víctima ha denunciado que que en el informe médico del hospital consta que se le diagnóstico una insuficiencia respiratoria, pero el médico de la prisión, según ella, modificó su análisis de orina para justificar que su excarcelación había sido a causa de sufrir una sobredosis, utilizando pues, el pasado toxicómano de la reclusa.
Antonio C., otro de los funcionarios detenidos el pasado miércoles, y que además mantenía una manifiesta y notoria enemistad con Mario, podría haber utilizado el caso del presunto aborto forzado para negociar con un periodista una exclusiva a cambio de 10.000 euros, y así perjudicar a su compañero de trabajo y rival a la vez.
Al parecer, existen grabaciones del funcionario negociando la noticia. Antonio C. también podría estar detrás de las filtraciones sobre la controvertida sobredosis de la reclusa, que causaron la indignación de ella y de su propia familia, que la pensaban totalmente rehabilitada.
Por otra parte, desde la sección sindical CSI-CSIF del Centro Penitenciario de Palma han manifestado a través de un comunicado emitido ayer, que lamentan que lo ocurrido pueda afectar a la consideración profesional del colectivo de funcionarios de la prisión y han querido dejar claro que siempre han desarrollado su cometido laboral con abnegada entrega y profesionalidad. Los trabajadores también han solicitado que se respete la presunción de inocencia.
Lejos de estar concluida, la investigación del Grupo de Homicidios sobre la corrupción en la cárcel de Palma sigue avanzando a buen ritmo. Los agentes están investigando si hay un tercer grupo de funcionarios que podría tener algo que ver con la trama mafiosa. Estas personas serían las que propinaron una paliza a Mario, uno de los dos funcionarios de prisiones actualmente entre rejas. De momento, sin embargo, no se han practicado nuevas detenciones. En cualquier caso, la actuación de la dirección de la cárcel ha sido muy correcta y los investigadores la han valorado de forma positiva, ya que han colaborado en todo momento con la policía y también habían denunciando conductas irregulares de los imputados antes incluso de que estallara el escándalo.
Mario F. y Antonio C., los dos únicos encarcelados hasta la fecha, continúan aislados del resto de presos por su propia seguridad, tal y como adelantó ayer este periódico. A la investigación policial y judicial hay que sumar la que se ha abierto desde Instituciones Penitenciarias y que acabará, casi con toda seguridad, con su expulsión del funcionariado. Los dos acusados serán trasladados a otra prisión de la Península para evitar que algún preso intente agredirlos en venganza por los supuestos excesos que pudo haber padecido.