La investigación policial, supervisada por la Fiscalía Anticorrupción, se inició hace unos meses y ha contado con la colaboración absoluta de la dirección del centro penitenciario de la carretera de Sóller.
El Grupo de Homicidios de la Jefatura de Policía de Palma centró las investigaciones en el que parecía el cabecilla de la trama, un funcionario de la prisión llamado Antonio C. Patrick Duchemin, el imputado clave en la 'operación Relámpago' contra el bufete Feliu, llevaba en prisión desde que estalló el escándalo y en la investigación policial se descubrió que alguien le había facilitado un teléfono móvil con el que podía comunicarse desde su celda de máxima seguridad. Se trata de un delito gravísimo porque los reos no pueden tener contacto con el exterior, para que no sigan delinquiendo o destruyan pruebas. Éste no fue la única irregularidad grave que se descubrió. En junio la dirección del centro recibió una caja que contenía el corazón de una lechona, y que se interpretó como una clara amenaza contra el máximo responsable penitenciario.
Las piezas del puzzle fueron encajando y el miércoles el Cuerpo Nacional de Policía, en estrecha coordinación con Anticorrupción, asestó el golpe definitivo y detuvo a cuatro funcionarios de la cárcel de Palma. Uno de ellos es el citado Antonio C., que llevaba unas semanas de baja por depresión, y la identidad de los otros todavía no ha trascendido.
Ayer por la tarde los cuatro presuntos corruptos seguían detenidos en los calabozos de la calle Ruiz de Alda, incomunicados entre ellos para que no pudieran intercambiar impresiones. Hoy está previsto que pasen a disposición judicial, acusados de cohecho y amenazas. El grupo, supuestamente, había puesto en marcha una auténtica campaña de desprestigio contra el director de la cárcel de Palma, por motivos que ahora están siendo investigados.
Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación paralela a la policial y, de momento, ya les ha abierto expediente por falta muy grave a los cuatro trabajadores. En el caso de que se demuestre de que hacían favores a presos a cambio supuestamente de dinero serían expulsados, al margen de las decisiones judiciales que caigan sobre ellos.
Ayer desde el Cuerpo Nacional de Policía y la Fiscalía Anticorrupción se mantuvo un escrupuloso silencio sobre el estado de las investigaciones, que todavía no han finalizado. De hecho, no se descarta que se descubran nuevas anomalías supuestamente cometidas por los cuatro funcionarios. Los investigadores tratan de averiguar también el grado de complicidad entre ellos y si unos estaban al corriente de las actividades de los otros y al revés. Las fuentes consultadas insistieron en que la corrupción detectada en prisión ha salpicado sólo a ese grupo de funcionarios y en ningún momento a la dirección del centro o el colectivo de trabajadores. Sobre Patrick Duchemin, el preso que consiguió un móvil, podría ser acusado de un delito de cohecho porque sacó beneficio de la trama de corrupción. La acusación para estos casos es la misma para el funcionarios que comete el delito y para la persona que se beneficia.