La Policía Local de Palma notificó oficialmente ayer a los vecinos del número 20 de la calle Brotad que deben abandonar la finca que ocupan desde hace años. Pasadas las 12.30 horas, varios agentes se desplazaron hasta la finca en dos coches patrulla para entregar a las familias el acta de incumplimiento del decreto de desalojo, después de que el lunes expirasen los diez días de plazo para abandonar la finca de manera voluntaria.
La visita policial se produjo en una mañana de tensa espera por parte de los vecinos. Mientras algunos de ellos esperaban inquietos en la calle atendiendo a los numerosos medios presentes, en la finca había un continuo trasiego de personas entrando y saliendo. Entre ellas se podía ver a algunas mujeres jóvenes acarreando las bolsas de la compra, acompañadas de alguno de los 22 menores de edad que siguen residiendo en el lugar.
Ocupación delictiva
Los agentes fueron recibidos con total normalidad y hasta con familiaridad por parte de los vecinos. En el interior de una de las destartaladas casas, los policías iban rellenando el acta mientras explicaban a las familias su situación legal, advirtiéndoles de que, a partir de ayer, seguir viviendo en la finca podría ser constitutivo de delito. Tras este trámite, la policía deberá informar al Ajuntament de Palma. Las autoridades de Cort serán entonces las encargadas de dar aviso al juzgado para que solicite una orden de desalojo, aunque esta medida podría demorarse aún unas semanas.
De hecho, los agentes tendrán que regresar a la finca durante varios días hasta que entreguen el acta a las 14 familias que siguen viviendo en la finca.
Mientras los policías cumplían con el trámite, los vecinos les insistieron en que no tienen dónde ir, y les pidieron una solución si se marchan del lugar.
En este sentido, a primera hora de la mañana se desplazaron a la finca dos técnicos de Benestar Social del Ajuntament. Según las familias, los asistentes les aseguraron que el desalojo no será inmediato, y que durante los próximos días estudiarán la situación familia por familia para encontrar soluciones a su situación.
La finca está ocupada desde hace más de 15 años por unas 14 familias en penosas condiciones de higiene, ya que no hay agua corriente, los vecinos toman prestada la electricidad de una farola y los desperdicios se acumulan por todas partes.