Después de dos días de acelerados y breves interrogatorios, el fiscal concluyó por fin ayer su turno de preguntas a los 26 acusados del llamado 'clan de Son Banya'. El dato principal de estas dos sesiones es que 24 de los 26 acusados han reconocido total o parcialmente su vinculación a los delitos de los que se les acusa, mientras que otros dos han negado su implicación. Se trata de una mujer empleada en una inmobiliaria que compró varios pisos a 'La Paca', según ella con el dinero procedente de la jubilación de su marido, y de un hombre que compró una finca en Llucmajor en 1996. El Ministerio Público parte de la idea de que el inmueble, así como las sucesivas reformas que se hicieron en él, se pagaron con dinero procedente de la droga. El acusado afirma sin embargo que adquirió la vivienda gracias a que una compañía de seguros le pagó 30.000 euros como compensación a un accidente que le dejó secuelas en una pierna.
Los otros cinco acusados que testificaron ayer reconocieron haber comprado coches y varios pisos con dinero 'negro'. Incluso fundaron una promotora inmobiliaria, 'Promociones y contratas en Levante mallorquín', a través de la cual adquirieron un solar en Manacor. Las preguntas estaban pactadas previamente, por lo que los inculpados se limitaban a responder afirmativamente al fiscal. Asimismo, y a preguntas de sus abogados, todos mostraron su arrepentimiento.
El juicio se reanudará el próximo lunes en una sesión que se prevé sea muy breve, y en la que el fiscal informará a las partes acerca de los testigos a los que quiere renunciar, ahora que la mayoría de los acusados ha reconocido los hechos.