El problema surgió cuando unos operarios de GESA acudieron a una finca de Pollença para recolocar unas líneas eléctricas, en un tramo donde la carretera debía ser ensanchada. La dueña de la propiedad, y su esposo, se encararon con los técnicos, que no pudieron realizar la obra prevista.
La Guardia Civil tuvo conocimiento de lo ocurrido y al día siguiente, cuando los trabajadores regresaron a aquellos terrenos, les prestó apoyo, por si la situación se complicaba y era necesaria su intervención. En efecto, la mujer y el varón se pusieron muy nerviosos y se registraron de nuevo momentos de gran tensión, que no fueron a más. El jueves se repitió el episodio, pero esta vez de las palabras se pasaron a los golpes, según quedó acreditado ayer en el juicio rápido que se celebró en Inca. Un alférez y dos guardias civiles intentaron calmar a la señora, pero recibieron golpes con un bastón, patadas y , uno de ellos, fue mordido en el pecho. El incidente fue grave, pero los agentes decidieron no proceder a la detención de la señora, sobre todo por su avanzada edad. Aún así, confeccionaron un atestado y la denunciaron por lesiones y desobediencia grave a los agentes de la autoridad.
La versión de la señora, en cambio, no tiene nada que ver con la que ha creído el juez. De hecho, a las 11.30 horas de ayer la vecina de Pollença compareció en los Juzgados de Inca con un collarín y un brazo escayolado, y aseguró que las lesiones que presentaba eran fruto de los golpes que recibió durante la trifulca. El magistrado escuchó las versiones del alférez y los dos guardias, y luego también interrogó a la acusada. Las fuentes judiciales consultadas indicaron que su esposo, cuando se produjo la pelea, no intervino y que, por tanto, contra él no había ninguna imputación. Los funcionarios de la Benemérita, que pertenecen al cuartel de Pollença, negaron de forma categórica que tuvieran algo que ver con las lesiones que presentaba la denunciada y añadieron que los heridos fueron ellos, que recibieron golpes en las piernas, arañazos en la cara y uno de ellos un mordisco en el pecho. Los lesionados presentaron partes médicos que confirmaban su versión y recalcaron que su actuación consistía en proteger a los trabajadores que iban a instalar las líneas eléctricas, ya que estaban amenazados y temían por su integridad.
Poco después de escuchar a las dos partes, y valorar las pruebas aportadas, el juez dictó una sentencia por la que condenaba a la vecina de Pollença por los delitos de lesiones y desobediencia grave a los agentes de la autoridad. La mujer, a la salida del juzgado, siguió insistiendo en su versión, aunque el fallo judicial no dejaba espacio a la duda.