PEP MATAS/J.F.M.
El clan investigado fue el conocido como el de «la Paca», Francisca
Cortés, una mujer que tiene residencia en Son Banya y que tiene
tres condenas a sus espaldas. Según el escrito de acusación del
fiscal, «la Paca», junto con otros 26 acusados, «organizó un
sistema para disimular y disfrazar, mediante la adquisición de
propiedades inmobiliarias, vehículos y bienes inmuebles, el orígen
ilícito del dinero que tanto ella como otros acusados habían venido
obteniendo con la actividad del narcotráfico». El fiscal añade que
«con dicha finalidad Francisca Cortés coordinó al resto de los
acusados, muchos de ellos familiares o personas próximas a su
entorno familiar, y requirió los servicios y cooperación de otros
acusados ajenos a su familia para la labor de ocultamiento de los
bienes».
Así, por ejemplo, en el escrito del fiscal se detallan las compras de decenas de fincas e inmuebles en zona urbana (la inmensa mayoría en el término municipal de Palma), de parcelas rústicas, (en los municipios de Palma y Llucmajor), de numerosos vehículos y la creación de dos sociedades: Promociones y Contratas Levante Mallorquín SL, y la Sociedad Inmobiliaria Remo Balear SL, con las cuales se llevaron a cabo compras y ventas de diversos bienes. Los bienes que en su día fueron detectados por el Grupo de Delincuencia Económica y después embargados por orden judicial tenían un valor de más de 826 millones de pesetas (4.969.590 euros).
El fiscal entiende que los hechos descritos constituyen un delito continuado de blanqueo de bienes y capitales procedentes del tráfico ilegal de drogas, y de cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Por ello solicita un total de 169 años de cárcel repartidos entre los 27 procesados, y multas que suman en total más de 275 millones de euros (casi 50 mil millones de pesetas). También se solicita la prohibición de cualquier tipo de actividades de las dos sociedades mencionadas, y la clausura del bar «Club Social Son Banya», propiedad del clan y que estaba ubicado en el poblado.