Durante los primeros 15 días de este año han sido expulsados de Balears diez inmigrantes que se encontraban en situación irregular y fueron detenidos por cometer algún hecho delictivo. El periodo de tiempo todavía no es significativo y no se puede achacar este número de expulsiones a la reforma de la Ley de Extranjería, aunque si se continúa a este ritmo el número de expulsiones de inmigrantes «sin papeles» que cometan delitos puede ser muy superior al de 2003. Durante el año pasado se expulsó a un total de 150 personas. Así lo explicó ayer el Delegado del Gobierno en Balears, Miquel Ramis, tras una reunión mantenida en Palma con el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló; el jefe superior de Policía, Eduardo Pérez Extremera; el comisario de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía, Alfonso Giménez, y el director del Centro Penitenciario de Palma, Juan Fernando Díaz, entre otros, «para tratar de mejorar los protocolos de actuación en aquellos casos en los que hay menores extranjeros que cometen hechos penales». Ramis indicó que «evidentemente, los protocolos van encaminados a proteger los derechos de estos menores, pero a la vez también se trata de dar una respuesta lo más rápido posible por parte de la Administración».
En este sentido, Miquel Ramis destacó que «la reunión ha sido muy positiva y a pesar de que no se han sacado conclusiones concretas, sí que es muy bueno que la policía o fiscalía sepan cómo ve las cosas la otra parte y se intercambien información».
El fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, aseguró que en la última reforma de la Ley de Extranjería «no hay ningún punto problemático que se haya tenido que tratar de forma especial».
A su vez, el delegado del Gobierno en Balears destacó que sería muy positiva la puesta en funcionamiento de un centro de internamiento para los extranjeros que delincan. La intención de Delegación del Gobierno en Balears es reconvertir la cárcel vieja en este centro de internamiento «cuanto antes posible». La instalación tendría capacidad para unas 100 personas aproximadamente. La tramitación de un expediente de expulsión dura unos 30 días y cada mes se suelen tramitar un centenar en las Islas, «por lo que se ha pensado que tenga este número de plazas, que no quiere decir en absoluto que Delegación del Gobierno haya fijado un número de expulsiones este año, sino que el número de extranjeros que se expulsen dependerá del número de extranjeros que cometan actos delictivos en nuestra comunidad». Por último, Ramis matizó que la antigua prisión podría adaptarse como centro de internamiento digno con una reforma relativamente rápida y pequeña.