Los juzgados de Eivissa, Manacor e Inca tendrán pronto el servicio de asistencia social, que funciona desde hace 14 años en la sede de Palma. Se trata del Ires, que ayer presentó la memoria del pasado año, en la que se aprecia que fueron atendidas un total de 307 personas, de las que el 80 por ciento son hombres. Los tres trabajadores sociales que trabajan en el juzgado de Palma atendieron a un total de 1.262 demandas. Este servicio se encarga de realizar un seguimiento de las personas que, en su mayoría, se han visto implicadas en algún proceso judicial.
Uno de los trabajos que ha realizado este servicio social es plantear la posibilidad de que la persona que ha sido condenada no tenga que ingresar en prisión. El 30 por ciento de ciudadanos atendidos ha logrado este beneficio, a cambio de iniciar un proceso rehabilitador o demostrar que no ha vuelto a delinquir. Como solía ocurrir en los años anteriores, el 42'8% de usuarios se ha puesto en contacto con este servicio social a través de los juzgados; el 18'8% lo ha hecho por iniciativa propia, mientras que el 16% han derivado de otros servicios sociales.
Este servicio social lleva funcionando en Palma desde hace 14 años y cuenta con un presupuesto de doce millones de pesetas, que se obtiene a través de subvenciones del Govern, Cort y Consell. Los responsables de estos organismos en materia social estuvieron ayer presentes en la presentación de la memoria. También acudió el juez decano de Palma, Pedro Barceló, y el teniente fiscal Ladislao Roig.