La Audiencia de Palma, a través de un auto, ha ordenado al juez del Juzgado de Instrucción número 1 que reabra la investigación de una de las ramificaciones del denominado «caso juego», que archivó y que afecta al secretario general técnico de la Conselleria d'Hisenda, Lorenzo Morey Forcades, al que denunciaron por un delito de prevaricación. El denunciante es el empresario del juego Ismael Martín, quien denunció al funcionario al considerar que había cometido un delito de prevaricación al denegarle la licencia de 63 máquinas recreativas alegando defectos formales.
El funcionario, que nunca ha sido llamado a declarar por este asunto, justificó el rechazo de estas licencias a que las solicitudes se habían presentado fuera de plazo. Sin embargo, en la documentación que se envió a la Conselleria aparecen unos sobres de correos, que contienen las solicitudes, sellados en una fecha que estaba dentro del plazo de solicitud. De hecho, la policía investigó si el empresario había podido falsificar los sellos de correos, comprobándose que eran legales. El empresario también denunció al funcionario José Oliver, jefe de la Sección de juego, porque sospechaba que había intentado perjudicarle al esconder la documentación que había presentado.
Martín recordó que Oliver tenía intereses comerciales en empresas de su competencia, relacionadas también con el juego, y por ello justifica la ocultación de estos documentos. Sin embargo, la Audiencia considera que estas sospechas no tienen base y que no tiene sentido de que Oliver quisiera ocultar documentación cuando sería inmediatamente descubierto. Por ello, el tribunal archiva esta denuncia. Esta resolución judicial supondrá que todos los funcionarios del departamento de juego de la Conselleria acudirán a declarar.