Pedro Sánchez formó en 2018 una mayoría parlamentaria para sacar adelante una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy «con el fin de recuperar la normalidad institucional y convocar elecciones cuanto antes», utilizando una sentencia de la Audiencia Nacional sobre «actos de corrupción» de personas del PP -aunque ese argumento usado lo tumbó el Supremo con posterioridad y no eran ni del núcleo duro presidencial-.
En la actualidad, estamos sin sentencia judicial, pero con una condena explícita del propio Sánchez de las actuaciones de su conductor y sus copilotos del famoso Peugeot -Koldo, Santos y Ábalos-, que han llevado al país a una erosión institucional como nunca antes se había vivido; y todo ello gracias a esa policía judicial y al juez de instrucción que hasta el jueves pasado eran criticados desde el Gobierno socialista, hablando abiertamente de lawfare.
Con la inestimable ayuda de Koldo García y sus grabaciones, recordando la famosa expresión de un ex secretario Organización del PSOE que dimitió también por corrupción, Alfonso Guerra, en su caso familiar, los miembros de los partidos que compraron la versión de la lucha contra la corrupción y defensa de la mujer por parte del actual presidente, se han quedado pasmaos, no saben qué decir, ni qué hacer, tras escucharlas, simplemente exigen explicaciones, en un ejemplo de incoherencia con sus discursos del año 2018, incluida la expulsión ‘diferida’ -16 meses- de Ábalos del PSOE.
Se han olvidado de la lucha contra la corrupción, aquello de «venga de donde venga». Son cómicas las justificaciones para no apoyar una moción de censura «con el fin de recuperar la normalidad institucional y convocar elecciones cuanto antes» como ofrece Feijóo. La excusa es la de ondear la bandera del miedo, esgrimiendo que unas elecciones favorecería la llegada de Vox a la Moncloa. Si Sánchez no quiere hacerse un ZP, en el sentido de asumir la responsabilidad política, en este caso por haber nombrado una ‘banda criminal’ como secretarios de Organización y ministro de adjudicación de obras, dimitiendo y permitiendo otro proyecto socialdemócrata, el miedo a las urnas de Més, Podemos, IU... es igualmente inconsistente con la defensa de las consultas ciudadanas y la democracia ‘asamblearia’.
No estamos en la legislatura del lawfare, contracción gramatical de las palabras inglesas law (ley) y warfare (guerra), más bien la del PSOEfare -fare, tarifa en inglés- como precio que el PSOE está pagando para mantener a Sánchez en Moncloa. Este PSOEfare también ha ido sufriendo la inflación, ya que el peaje que han ido exigiendo los cómplices políticos de la corrupción de los ‘santos’ ha ido in crescendo, y que ahora, visto y oído, es lo que más interesa, empezando por los ‘progresistas’ de Junts.
Estos argumentos eran los mismos que utilizó toda la izquierda mallorquina en el Consell de Mallorca y en el Ajuntament de Palma cuando, también por intervención de la Justicia en casos de corrupción, se rompieron los pactos anti PP en 2010, y se mantuvieron pegados en la silla, justificándolos por un supuesto apoyo ciudadano a la agenda ‘progresista’. El PP sacaría el mejor resultado electoral de su historia en 2011, enviando al votante de izquierdas a acampar en plazas céntricas, indignados con ‘sus’ partidos y el sistema.