Durante la campaña electoral de 1982 interrogaron a Felipe González acerca del significado del eslogan del partido, Por el cambio. Que España funcione, respondió. Tantos años después, la degeneración institucional es tan onerosa que el recuerdo de aquel objetivo conduce a la melancolía. La manifestación de protesta de hoy por la escasez de vivienda y contra los supuestos excesos del modelo turístico es la evidencia de la creciente ira por la incapacidad demostrada por los poderes públicos, para gestionar una carencia que no ha ocurrido por sorpresa, ante la que nadie supo o quiso reaccionar, y que ahora presenta caracteres de emergencia.
La primera evidencia de que las cosas no funcionan la muestra el propio Gobierno. Pedro Sánchez ya no gobierna, encerrado en el búnker, asediado por grabaciones, leires, koldos, ábalos y cerdanes y hasta su familia más próxima. El cinismo con el que Sánchez ha querido aislar la caída de Santos Cerdán no le exime de responsabilidad. Los escándalos se suceden de manera que el de mañana oscurece el inmediatamente anterior. Pero, con todo no se olvida la reacción oficial ante las situaciones extremas vividas, sea el volcán de La Palma, la catástrofe de Valencia, o el gran apagón de abril, que ha ensanchado la zanja por la que se precipita la confianza en los responsables públicos. En Balears, un prolijo informe de la Sindicatura de Cuentas ha puesto negro sobre blanco el fracaso de gestión de los fondos de la ecotasa del Govern de Francina Armengol, caracterizada por el caos y el descontrol. El análisis de los números desde que entró en vigor el impuesto turístico, 2017, hasta 2023 ha evidenciado un nivel ínfimo de ejecución de proyectos (59 millones de los 480 recaudados) y los Síndicos ni siquiera se han atrevido a avalar los datos de la ecotasa y no pueden garantizar que se haya cumplido la ley en todas las tramitaciones. Algo parecido, a otro nivel, sucede con los fondos europeos Next Generation, el alud de dinero del que se jacta el Gobierno de Sánchez, de seguir funcionando sin presentar presupuestos. Del total de los fondos, España está en la cola de desarrollo de proyectos: ha ejecutado en torno al 20 % de los recursos frente a las cifras superiores al 70 % de países como Dinamarca, Francia u Holanda.
Existen razones fundadas para dudar del funcionamiento de una administración cuando se anuncian inversiones ferroviarias para dentro de ocho años el tren a Llucmajor y seis o siete el ferrocarril hasta Alcúdia. Al igual que con el tranvía de los gobiernos de izquierdas, las proyecciones virtuales, las imágenes artificiales, despiertan admiración entre los más crédulos. No hay administración que se precie que no se sienta obligada a presentar una gran intervención en una zona turística de las denominadas maduras, como la Platja de Palma. Ahí los creativos se lucen. En los años del PSOE al frente del Consorcio de la Platja, se barajaron cifras millonarias de gasto en vídeos y presentaciones de obras que nunca se llegaron a realizar. Por si no fuera suficiente con el deterioro institucional (la ley de amnistía dejará un boquete de dimensiones inabarcables), la lista de averías alcanza a todas las administraciones y la pregunta de qué más ha de pasar para que algo cambie se queda sin respuesta.