Legitimidad democrática

Cada vez nos vamos pareciendo más a aquellos pueblos del viejo oeste americano donde los jueces y fiscales impartían la ley según les saliera del escroto. Tal el señor José Rogelio Muñoz Oya, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que la semana pasada decidió interponer una querella al diputado andaluz por Adelante Andalucía, el señor José Ignacio García, por exigir transparencia en la investigación de la muerte del señor Mamouth Bakhoum, un inmigrante senegalés con permiso de trabajo y residencia que murió ahogado en el antiguo Betis tras una persecución policial. La querella se fundamenta en que al querellado se le ocurrió decir que el caso le olía a «racismo institucional, violencia policial y represión», que las declaraciones fueron hechas fuera del Parlamento (¡!) y que, por tanto, generaron «un estado de opinión que cuestiona la legitimidad democrática». Para tan agudo y relamido fiscal, el caso no va de libertad, sino de «libertinaje de expresión». Sobran comentarios.

No, no es un bulo lo que estoy narrando, ni un chiste, aunque lo parezca por lo esperpéntico de la situación, sino una muestra más del salvajismo judicial que estamos viviendo al menos desde que el impresentable Aznar, a quien habría que condenar por criminal de guerra por lo de Irak, dijera aquello de que «cada uno haga lo que pueda», frase que se remata, implícitamente, con «…para cargarse la legitimidad democrática». Y a todo esto, ¿dónde está el señor ministro de Justicia?