Palma, octubre de 2024. Un piso de dos dormitorios y 80 metros cuadrados situado en la calle Heura del barrio del Rafal se alquila por 1.550 euros cada mes. Si se aplicase la limitación de los precios del alquiler que incluye la Ley de la Vivienda, esta renta tendría que ser de unos 700 euros al mes, es decir, menos de la mitad. Es un ejemplo de la necesidad que existe de dar una respuesta rápida a una situación que es muy complicada y que no mejora: el acceso a una vivienda. Y esa respuesta existe: declarar Palma zona tensionada y limitar los precios. Sólo hay que tener la voluntad de hacerlo.
Tenemos derecho a vivir en nuestra ciudad, pero en Palma es cada vez más difícil. Lo único que se ha logrado con la inacción y la falta de medidas concretas del PP y del alcalde Martínez es que los precios sigan subiendo. Hoy, muchos ya no pueden ni siquiera optar a un piso y tienen que conformarse con una habitación, por la que hay que pelear con otras 90 personas.
El precio de la vivienda se ha disparado en todo el país, pero en Balears lo ha hecho de forma aún más contundente. Somos la comunidad donde más ha crecido los alquileres, y siguen subiendo: el último año, un 8,5 por ciento. Ésta es la realidad a la que tenemos que enfrentarnos y a la que hay que dar respuesta.
¿Quién sufre más esta situación? Los jóvenes, que ven cómo no pueden poner en marcha su propio proyecto de vida; las parejas que se separan; aquellas personas que vienen a trabajar aquí o las familias que crecen y necesitan más espacio. Sufre también la clase media trabajadora, aquella que tiene un trabajo estable y un sueldo fijo, pero que, ni, aun así, puede acceder a una vivienda. A muchos no les queda más remedio que ir a vivir a un asentamiento o a una caravana. ¿Es esto justo? No, claro que no.
Los socialistas hemos buscado ejemplos de alquileres reales en Palma y los hemos comparado con lo que costarían si se aplicase la limitación que prevé la Ley de Vivienda. Los datos son abrumadores: actualmente, se está pagando una media de 1.775 euros al mes de alquiler por una vivienda, lo que supone 21.300 euros al año. Supone invertir el 78 % del sueldo medio. Si se aplicara la ley, pagaríamos una media de 826 euros al mes, lo que supone 9.912 euros al año. Supondría invertir el 36 % del sueldo medio.
Es decir, y para resumir, estamos pagando una media de 950 euros de más cada mes por el alquiler de nuestra casa, un 124 % más de lo que deberíamos. Son 11.400 euros más al año. Eso es lo que nos cuesta la inacción del alcalde Martínez.
Hay que cambiar la situación porque Palma merece la pena, no puede seguir expulsándonos. Tenemos derecho a vivir en nuestra ciudad, es fundamental garantizarlo. Y, para ello, hay que dar respuestas, siempre, vengan de donde vengan y las impulse quien las impulse. La herramienta para bajar los alquileres existe, hagámoslo posible. Porque la vivienda es un derecho, no una mercancía.
Como dice Ananya Roy, «el derecho a la vivienda va más allá de la mera propiedad; es el derecho a vivir de manera segura y estable, libre de los embates del mercado y la especulación».