La política de subvenciones públicas está orientada a potenciar al fuerte y dejar tirado al más débil, se trate de tejido asociativo, empresarial, comunidades de vecinos o incluso particulares, La agricultura recibe subvenciones por extensión de tierra, así los más grandes se llevan más y a los pequeños no les vale la pena ni rellenar los papeles. Retrasos en pagos y convocatorias hacen lo mismo con el tejido asociativo. El Consell aún no ha abonado subvenciones de proyectos finalizados en septiembre de 2023 y tampoco ha adjudicado aún las subvenciones para proyectos que finalizarán el 30 de septiembre de este año. ¿Qué entidades no lucrativas pueden adelantar tantos fondos para llevar a cabo actividades sociales?
Las asociaciones vecinales que han accedido a proyectos de Participación Ciudadana cuentan con bases que les conceden hasta 36 meses para ejecutar los proyectos y un mes más para presentar la justificación total y al céntimo. Pero Intervención se inventa otra norma e impone la justificación del total cada año, exigiendo devoluciones antes de acabar el proyecto, que incluso tiene derecho a prórroga, algo habitual en el caso de empresas. Es dinero público, aluden como argumento. También los funcionarios cobran del dinero público ¿son igual de exhaustivos en el control de su trabajo, cumplen horarios, plazos y bases? Piden comprensión y paciencia a las entidades y les dan desconfianza y exhaustividad extrema. ¿Cuestión de funcionarios o cuestión política?