En el momento de escribir estas líneas se acaba de publicar en el BOE la ley de amnistía que consagra la desigualdad de los españoles y que violenta la Constitución del 78.
En este contexto, ha surgido un enconado debate sobre la responsabilidad del rey Felipe VI al refrendar la ley remitida por el Gobierno que preside Pedro Sánchez.
A las críticas contra la monarquía que habitualmente esgrime la izquierda, se suman ahora varios sectores de la derecha que afean al Monarca no haberse negado a firmar la ley. Este refrendo es un acto debido, contemplado en el artículo 62 de la Constitución española y, en palabras del prestigioso catedrático de Derecho Constitucional Antonio Torres del Moral: «El Rey no puede hurtar su sanción a una ley so pretexto de que es (o lo parece) inconstitucional, ni siquiera aunque a la mayoría de juristas y operadores jurídicos también se lo parezca, dado que ésta es una función que tiene un único titular, el Tribunal Constitucional».
Quienes sin pararse a reflexionar lanzan contra el Rey sus diatribas, incluso insultos soeces y lo hacen desde el ámbito de la derecha constitucionalista, incurren en un trágico error y lo que es peor, debilitan una institución fundamental del Estado con consecuencias imprevisibles.
No podemos decir que defendemos la Constitución y el espíritu de la Transición y a la vez alentar a su máximo garante a incumplirla, originando un choque institucional que llevaría inexorablemente a la caída de la monarquía parlamentaria y la de la Constitución del 78.
En definitiva, quienes defendemos el régimen actual, la indisoluble unidad de la nación española y el texto que la ampara no debemos dejarnos arrastrar por la visceralidad que nos provoca el mercadeo de Sánchez con los delincuentes independentistas y con la cabeza fría y el corazón henchido de amor a España, hemos de seguir gritando sin reservas ‘Viva el Rey'.