Nunca voté a Felipe González. Tampoco estoy de acuerdo con todo lo que dice ahora. Se arroga, el antiguo presidente, la creación de la sanidad y educación públicas, lo cual como recordó Fernando Suárez es falso. Obviamente se mejoraron estos servicios, sólo faltaría, pero partiendo de lo ya hecho desde décadas anteriores. Brama el sevillano contra la situación del Consejo General del Poder Judicial, cuando fue su reforma el inicio de este sin ley. En todo caso estoy de acuerdo con cosas que se hicieron bajo su mandato. Al hilo de la actualidad me refiero hoy a la declaración gubernamental con motivo del cincuenta aniversario del inicio de la Guerra Civil. Un texto que en la situación actual de nuestra patria, con sus extremismos, demagogia, mala educación de parlamentarios e incluso guerracivilismo patente, merece ser repasado. No hizo falta ninguna ley memorialista para que del gobierno de la Nación emanara un texto presidido por el sentido común, la responsabilidad y la visión de futuro.
Las distintas leyes llamadas de memoria histórica, democrática o con otros términos no pueden integrarse en la línea que acabo de señalar. Dejando a parte su sectarismo, su voluntad de ingeniería social y de crear muros entre españoles (Sánchez dixit), desde un punto de vista histórico y racional, su principal defecto radica en dejar fuera de su campo de acción todo lo ocurrido antes del 18 de julio de 1936. El ejemplo del mallorquín Francisco de Paula Sampol es claro. En enero de 1934 fue asesinado por intentar comprar un periódico derechista en la calle Montera. Para nuestra izquierda montaraz y los defensores de las leyes de memoria esto no existió.
El propio inicio del régimen republicano fue bien peculiar, un golpe a la legalidad, al sentido común y al afán de convivencia. Una proclamación sin ningún amparo legal tras haber perdido las elecciones municipales y tras haber declarado que se comprometían a respetar la vida del rey sólo durante veinticuatro horas. Eso tampoco existió. Pocos días después se promulgaba una sectaria ley, la de supuesta defensa de la República que anulaba derechos individuales, sustraía la tutela judicial para los hechos que el nuevo gobierno determinaba, limitaba el derecho de huelga según el criterio de la autoridad gubernativa, penaba con una sola orden de esa misma autoridad «la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden pública» (Sánchez avant la lettre). Eso tampoco existió.
Tampoco se incendiaron, en mayo de 1931, iglesias en Madrid y todas las parroquias de la ciudad de Málaga menos una ante la indolencia y, por tanto, apoyo del Gobierno. Hablaba del tema hace poco con un colega defensor de estas sectarias leyes y al recordarle la arbitraria expulsión de los jesuitas, ciudadanos españoles independientemente del régimen vigente, me contestó como único argumento que eso fue legal. Tan legal como las sentencias promulgadas por tribunales tras el fin de la contienda. Hombre, lo que no fue legal fue el asesinato de Francisco de Paula Sampol o el cometido por los progresistas del Frente Popular contra José Antonio acusándole de participar en el golpe del 18 de julio cuando lo habían detenido en marzo. Detención que no existió según los defensores de las leyes memorialísticas. Lean o escuchen en Youtube las declaraciones de don José Prats, diputado del PSOE en las Cortes Republicanas y en las primeras legislaturas de la Democracia. El escándalo adquiere mayores dimensiones si se recuerda que el gobierno del Frente Popular se negó a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la ilegalización de Falange Española. Sentencia que obviamente tampoco existió a ojos de la progresía tutora de nuestra memoria.
Y es que uno de los objetivos de esas leyes es ocultar lo que fue la Segunda República española, ocultar como la izquierda de ese momento intentó levantar un muro entre españoles, justificar cualquier capricho en aras a un objetivo político y a mantenerse en el poder, quebrar la división de poderes, hacer un uso privado de las fuerzas de orden público, vulnerar derechos individuales en nombre de un pueblo al que -a la postre- se negaron a representar en su totalidad y a gobernar de acuerdo con este esencial principio democrático.
Como ya he dicho en otras ocasiones lo único que comparto con esas estrategias políticas es que todos tienen derecho a tener enterrado al abuelo donde la familia desea. Y todos son todos.
Bien haría la progresía en recuperar la declaración del Gobierno de España arriba referida, respetar a las generaciones anteriores de españoles y dejar de emplear sus errores y hasta sus crímenes para levantar muros y ocultar sus vergüenzas.