El alcalde de Palma, Jaime Martínez, tiene prisa en aplicar las primeras medidas de contención turística; antes incluso de que se conozcan las conclusiones de las diferentes mesas de diálogo social sobre tan delicada y trascendental cuestión. De golpe y porrazo, el gobierno municipal lanza propuestas a tente y bonete, ignoro si buscando el aplauso facilón de la parroquia o con la aviesa intención de esgrimir un ‘yo ya lo dije' si la cosa se tuerce. El resumen del paquete de medidas que propone Cort se centra en dejar las cosas como están -tranquilidad para los agraciados- y ampliar al catálogo de tasas. El afán de tio Gilito que tienen nuestros gobernantes no tiene fin. Recaudar es un placer.
El obús de Martínez se produce sin conocerse ningún dato sobre la realidad del impacto negativo que el turismo tiene en la ciudad, actitud que corre en paralelo con la manifiesta incapacidad e inoperancia de los servicios municipales para cumplir sus propias normas. Llamar al 092 no es garantía de nada, y menos de que se resuelva la incidencia. La inspección y control brillan por su ausencia -a la vista está con lo ocurrido en la desgracia de s'Arenal-, aunque siempre queda bien lanzar iniciativas sobre las que no sabe muy bien quién, cómo y de qué manera se financian y se aplican.
Advertido quedó la pasada semana el complejo reto que ha asumido Marga Prohens con su intento de reconducir el impacto de la sobreexplotación turística de Mallorca y por extensión del resto de las Islas. Hacen un flaco favor estas competiciones por plantear ocurrencias, el asunto es demasiado serio para someterlo a un simple juego de vanidades. Lo de menos es el amago de Vox por dejar con el culo al aire a Jaime Martínez, lo de más es la falta de rigor en la exposición de soluciones factibles para el problema.
Lanzar determinados mensajes es extremadamente peligroso, la competencia entre los destinos turísticos es feroz. Por eso es esencial actuar con inteligencia y eficacia, gestionar con habilidad el giro copernicano del PP balear ante la avalancha turística si de verdad se quiere evitar el ridículo o el exceso de frenada.
Nos gobierna un sátrapa
El pleno del Congreso, en una sesión bochornosa, aprobó la ley de amnistía para los encausados en el procés independentista de Catalunya de 2017, el compromiso clave de Pedro Sánchez para lograr su investidura. De la constitucionalidad de la norma deberán pronunciarse los órganos competentes, pero a tenor de las intervenciones de sus principales beneficiarios todo parece indicar que su eficacia política está todavía por ver. Los dirigentes y portavoces de Junts y Esquerra Republicana no se cansan de repetir que lo de la amnistía ni reconcilia ni resuelve el conflicto, tan solo es una etapa más en su exigencia de convocatoria de un referéndum de autodeterminación. ¿Alguien cree que no lo conseguirán si Sánchez lo necesita para continuar en La Moncloa? Poco le importan a Sánchez y sus conmilitones la legalidad de sus decisiones, el fin (seguir en el poder) siempre justifica los medios. Asusta comprobar como se interioriza cada vez más esta forma de hacer política, donde los principios sencillamente ya no existen.