A diferencia de otros países europeos, en España los contribuyentes son, en general, poco exigentes con los servicios públicos con independencia de su responsabilidad. Tanto da que la prestación corresponda a la Administración estatal, autonómica, insular o local; la tendencia es asumir con resignación las demoras o fallos constantes que se producen. Lo más llamativo del caso es la sumisión con la que se acepta un escenario y unos comportamientos que son inadmisibles, y menos cuando la presión fiscal está en unos niveles homologables a nuestro entorno. Les expondré varias situaciones actuales.
Vivo en una calle de una barriada palmesana que ya ha sido tildada como ‘milla de oro' a tenor de los precios millonarios de las últimas promociones inmobiliarias, detalle que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el resto del gobierno municipal deben celebrar por su efecto recaudatorio tanto en las licencias de construcción concedidas (y cobradas) como en el importe del IBI de estas viviendas de lujo. Sin embargo, las farolas se sostienen en tercermundistas y vergonzosos postes de madera y las aceras apenas superan los cincuenta centímetros de amplitud. Esta situación se mantiene desde hace décadas. Las zonas verdes brillan por su ausencia.
En un municipio mallorquín, el ayuntamiento se niega a recepcionar una urbanización y, por tanto, no repara los daños en el asfaltado, la mantiene sin ningún tipo de señalización viaria, tampoco enciende el alumbrado y sólo se mantiene el suministro de agua y un punto de recogida de basuras. En lo que sí fue más diligente este ayuntamiento fue en la concesión y cobro de las correspondientes licencias de construcción del medio centenar de casas edificadas; a las que también incluye en su censo de IBI. Esta situación se prolonga también desde hace medio siglo. ¿Solución? Ninguna que se sepa.
Otro tanto puede decirse de zonas a las que se aplica una moratoria urbanística por carecer de un servicio público esencial como es el del alcantarillado, cuyas obras de ejecución no están ni adjudicadas. Doy fe que el parón de obras fue momentáneo, fruto supongo del hartazgo de los propietarios de los terrenos afectados. ¿Piensa intervenir el Consell de Llorenç Galmés? Me temo que hará lo mismo que su predecesora socialista, Catalina Cladera: mirar a otro lado.
Tres ejemplos del desprecio institucional que sufren los ciudadanos, en este caso del ámbito municipal. Añadan los retrasos en las tramitaciones administrativas o el detalle de no atender las denuncias vecinales por falta de efectivos policiales; todo en un país con una de las tasas más altas de empleados públicos de la Unión Europea. Así estamos.
Entregado a Vox
Lamento tener que insistir en el lamentable espectáculo que ofrece el Partido Popular de Balears con su entreguismo a las exigencias de Vox para arrinconar el catalán, la presidenta Marga Prohens parece que sigue ensimismada en su deseo de que la ultraderecha se esfume por encantamiento. La realidad evidencia que no lleva camino de ser así. Y lo pagará.