El Govern balear, presidido por la popular Marga Prohens, ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. El domingo, una orgullosa Prohens publicaba en este periódico que, en solo seis meses, 2.154 familias se habían beneficiado de la eliminación de este impuesto, dejando de pagar 36 millones de euros al erario público. Según la líder del Ejecutivo balear, este es «el impuesto más injusto que hay», porque «grava el trabajo y el esfuerzo de padres y abuelos», por lo que presenta su eliminación como uno de los mayores logros del Govern hasta la fecha.
Esta interpretación de la política fiscal es, en mi opinión, errónea y además choca férreamente con el discurso de la meritocracia que tanto proclama el Partido Popular. Distintos estudios demuestran que, a día de hoy, gran parte de la riqueza es riqueza heredada. El premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz (Universidad de Columbia) se refiere a esto como «ganar la lotería del esperma»: tener la suerte de que te toquen los padres adecuados. Creo que debemos darnos cuenta de que la mayoría de los ricos han obtenido gran parte de su riqueza gracias a la suerte. A la suerte de heredar. Y esto tiene poco que ver con la meritocracia. El propio Stiglitz y otros célebres economistas (entre ellos, Thomas Piketty) han afirmado en repetidas ocasiones que, si bien un aumento de las tasas impositivas sobre las rentas altas ayudaría a lograr una sociedad más igualitaria y económicamente eficiente, introducir impuestos a la riqueza sobre las fortunas acumuladas durante muchas generaciones tendría un impacto aún mayor: «Deberíamos gravar la riqueza con una tasa más alta, porque gran parte de la riqueza es riqueza heredada, por ejemplo: los jóvenes Walmart heredaron su riqueza», afirma Stiglitz.
Creo que haber pagado el impuesto de sucesiones y donaciones no habría alterado sustancialmente el nivel de vida de los miembros de las 2.154 familias que se lo han ahorrado. Tampoco hubieran dejado de esforzarse ni de contribuir al crecimiento económico por sentirse expoliados por la Hacienda pública. En cambio, sí creo que esos 36 millones de euros que, en solo seis meses, se han dejado de recaudar podrían dedicarse a aliviar varios de los problemas de nuestra Comunidad Autónoma.
La pandemia de la COVID-19 ha empeorado la desigualdad de manera asombrosa. Las clases populares vieron de golpe frenado su progreso económico mientras que las grandes fortunas han crecido a tasas récord. Una investigación publicada por Oxfam mostró que casi dos tercios de la nueva riqueza acumulada desde el inicio de la pandemia ha ido a parar al 1 % más rico. Cuesta creer como, después de lo vivido en los últimos años, la gente sigue apoyando medidas fiscales de naturaleza tan regresiva e insolidaria. Además, bajar o eliminar impuestos a quienes más tienen no es solo un acto de insolidaridad: va en contra de la meritocracia y de la eficiencia económica, pues, en buena parte, contribuye a mantener beneficios y privilegios asociados únicamente al hecho de haber nacido en el seno de una determinada familia.