La red MELIB, dependiente del Govern, dio muestras la pasada legislatura de su absoluta incompetencia en la incentivación de la movilidad eléctrica. Bajo la batuta del entonces conseller podemita Juan Pedro Yllanes, la extensión de la red de dispositivos de recarga -muchos de ellos inutilizables debido a la falta de mantenimiento- se estancó completamente, dando un servicio lamentable a los usuarios. La transición energética era solo una etiqueta del Pacte, que, como tantas otras, era mero instrumento de propaganda, como la fallida planta de generación de hidrógeno y tantas otras falsas promesas con vitola ecoambiental.
Obviamente, con el cambio de Govern, los cada día más numerosos ciudadanos que creemos en el compromiso con el medio ambiente teníamos la esperanza depositada en una rápida mejora del servicio ofrecido en coordinación con los ayuntamientos.
Lamentablemente, no es así. Recibimos un primer aviso de por dónde iban a ir las intenciones al respecto cuando desde la FELIB se pidió al Govern que los escasos puntos de recarga con que cuenta Balears pasasen a ser de pago, para evitar que los consistorios hubieran de soportar ese coste. Incluso se adelantó el precio que pensaban facturar los ayuntamientos: 25 céntimos el Kw, unos 4 euros por cada 100 kilómetros de autonomía, lo que, definitivamente, disuade de la adquisición de un vehículo eléctrico, dado su limitada autonomía y el importante sobrecoste con relación al mismo modelo con motor convencional.
El pasado 23 de noviembre se confirmó esta pésima noticia, cuando desde MELIB se remitió a los usuarios un correo en que se anunciaba que, a partir del 4 de diciembre, se iniciaría una prueba de cobro por la recarga en Consell y en el Hospital Mateu Orfila de Maó, ampliable a todos los demás municipios por el indicado precio más un suplemento de 3€/hora si se exceden las cuatro horas. En suma, es mucho más barato recargar el vehículo en el propio domicilio, pero eso está solo al alcance de quienes tienen una vivienda adecuada. Para el resto, no hay opción.
Estos mismos días se ha hecho pública una encuesta que señala que los propietarios de vehículos eléctricos, defraudados por estas dificultades, están reculando y ya piensan que su próximo automóvil vuelva a escupir humo.
En definitiva, las administraciones de todo color no creen en la movilidad eléctrica. Maó ni siquiera les exime del pago de la ORA. Palma lleva años de retraso al respecto, pese a las proclamas de Hila y su equipo. Los puntos de recarga en la vía pública son muy escasos, y los de los aparcamientos públicos solo tienen sentido si se va a hacer una gestión de una o dos horas. Y ello cuando se tiene la fortuna de que funcionen. La mayor parte de las grandes superficies comerciales -obligadas por ley a proporcionarlos- no prestan interés alguno en su mantenimiento y, al final, se limitan a tener plazas de aparcamiento pintadas de verde y cargadores estropeados, sin que desde la Administración se vigile este fraude.
Probablemente los ayuntamientos pequeños no tengan capacidad para sostener económicamente este compromiso con el medio ambiente, pero precisamente para ello se creó MELIB, el IBenergia, y para eso existe el área de cooperación local en los respectivos consells insulares.