Al tiempo que en Madrid se desarrollaban los suntuosos actos de la continuidad monárquica, en Palma se hablaba de turismo con la presencia de los ministros comunitarios del ramo. Los anfitriones, el ministro español y la presidenta de Baleares dejaron la cumbre para estar en los fastos (qué antigualla) de Leonor. Mal día para decidir entre lo institucional y lo práctico. Pero antes de irse, Prohens dejó el recado de lo que más le preocupa del modelo: la oferta ilegal de alquiler turístico. Está clara su posición. Cuando Europa habla de presupuesto específico, resiliencia y sostenibilidad «para una mejor convivencia entre turista y residente», cuando los más diplomáticos insinúan que esto no puede continuar así, cuando la secretaria de Estado dice abiertamente que hay que poner un tope al crecimiento turístico y evaluar la capacidad de cada isla; cuando entidades y ciudadanos se manifiestan, no contra el turismo sino contra este modelo insoportable, de lo que se ocupa el Govern es de pedir a Bruselas herramientas contra la oferta ilegal por competencia desleal para hoteleros y alquiladores registrados. Las plazas ilegales estimadas en las islas está en torno a las treinta mil y las legales sobrepasan las seiscientas mil. Prácticamente el mismo porcentaje que la economía sumergida. Consell, ayuntamientos, Hacienda tienen herramientas para luchar contra estos furtivos insolidarios. Europa no está para policía turística. La oferta ilegal es irrelevante en un destino turístico que ya está por encima de su capacidad de acogida. Es lo acuciante.
Lo prioritario
Emilio Lubrín | Palma |