tamos en puertas de conocer el acuerdo al que habrían llegado los negociadores socialistas con el equipo que asesora a Carles Puigdemont para qué los diputados de Junts apoyen la investidura de Pedro Sánchez.
Medios catalanes afines a los independentistas hablan de un anuncio que se estaría retrasando por nuevas exigencias de ERC. Si Puigdemont exige el reintegro de los fondos depositados a título de fianza en los tribunales, Junqueras emplaza a Sánchez para que en el preámbulo de la ley de amnistía se declare que no fue ilegal el referéndum del 1 de Octubre.
Al emplazar a Sánchez está señalando al Tribunal Supremo que enjuició y condenó la sedición –entonces en vigor– y la malversación hoy rebajada en su tipo penal. Dar por buena esta última exigencia vendría a cuestionar el andamiaje mismo del Estado de derecho pues la actuación de la Sala II del Supremo se fundamentó en el ordenamiento legal vigente respaldado por la Constitución. Otra de las demandas de Puigdemont, el reconocimiento de Cataluña como una nación, choca con una sentencia del TC de 2010 que señala que la Constitución no reconoce otra Nación que la española.
La seguridad con la que Pedro Sánchez se ha manifestado en las últimas horas respecto a la culminación de los acuerdos que permitirán su investidura, contrasta con las dudas que manifiestan algunos juristas aludiendo al encaje constitucional más que problemático de las exigencias de los separatistas.
Sánchez quiere seguir siendo presidente del Gobierno a cualquier precio y está dispuesto a ceder lo que haya que ceder con tal de conseguirlo.