A un par de amigas las llamaron hace años del bolsín de interinos para dar clases en sendos módulos de FP de Peluquería y Mecánica, una en Baleares y otra en Cataluña, respectivamente. Ambas eran licenciadas en Biología y no tenían ni idea. La primera fue honesta y renunció, alegando que no podía engañar a los alumnos, aunque ello supusiera la injusta penalización de sacarla de la bolsa y perder la opción de tener un buen empleo; la segunda se agarró a la plaza sin poder enseñar nada de la materia, pero asegurándose un salario mensual de más de 2.000 euros. Realmente era un fraude para los estudiantes. El mismo que se han encontrado los que cursan la FP Nauticopesquera en Mallorca.
No veo a una pianista dando clases de automática y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Podría, si se hubiera formado y tuviera conocimientos para ello. Pero no es el caso. Y es sólo un ejemplo. Este sinsentido se produce al ejecutar la cuestionable estabilización de plazas de interinos, una afirmación que hago a sabiendas de su impopularidad para los beneficiarios de una plaza fija en la Administración pública sin haberse presentado a una oposición convocada por concurso público. Habrá interinos que habrán pasado por el proceso e incluso lo habrán aprobado quedando en reserva, pero otros se han encontrado con el regalo de ser funcionarios por concurso de méritos, entre los que se incluyen sus años de interinidad, lo que les permite tener más puntos y pasar por delante de los que aprobaron oposición. Es una incongruencia que podría rozar la inconstitucionalidad. El artículo 23.2 de la Carta Magna alude al derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad.
De momento, profesionales de la Marina Mercante han denunciado ante la Fiscalía la estabilización de plazas docentes por presunta prevaricación administrativa. La denuncia va contra el funcionario que dictó la «resolución arbitraria» pese a las advertencias de profesores del centro educativo, previas a la publicación de las listas definitivas. Si hay «fraude de ley» tendrá que decirlo un juez, pero que lo hay hacia la formación de los matriculados parece bastante evidente.
El marrón se lo encuentra el nuevo conseller de Educación, pero viene generado por la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública (2021), y por el proceso de estabilización aplicado por el anterior gobierno, con Martí March como titular. El Tribunal Supremo determinó que un trabajador con un contrato de interinidad superior a tres años pasará a ser «indefinido no fijo», lo que significa ocupar la plaza de forma indefinida hasta que se convoque una oposición o concurso. Lo que queda claro es que hay anomalías, como revela que el Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera pueda perder la homologación por tener docentes sin la titulación de Marina Mercante. Sería una pena para Baleares, pero una tragedia para los chicos que estudian en él y para su futuro, quienes son víctimas y carecen de toda responsabilidad sobre esta monumental negligencia.