Mientras los juristas de reconocido prestigio buscan en la jurisprudencia coartadas ‘legales' de una eventual ley de amnistía para los responsables de los hechos de 2017, el pueblo soberano rastrea el significado de la ‘desjudicialización' de un conflicto ¿Qué quiere decir eso? Pues despenalizar los delitos cometidos en aquellas fechas. No solo perdonando la pena impuesta. Ahora se trataría de olvidar la existencia de esos delitos. O sea, desjudicializar el vandalismo, la desobediencia, la prevaricación, la malversación, que están descritos en el Código Penal. El Tribunal Supremo los persiguió y condenó a los mencionados dirigentes ¿por querer la independencia de Cataluña? ¿Por ejercer como líderes de ciertas fuerzas políticas? Nada de eso. Se les condenó por prevaricar, desobedecer, malversar dinero o provocar desórdenes públicos. Al sentido común le cuesta encajar la idea de que la motivación política de un delito es de mejor condición que una desatada pasión amorosa o un estado de necesidad. Sin embargo, la jurisprudencia y la magia de las palabras aparecen como ingredientes de la operación jurídico-política cocinada entre bastidores con el indisimulado objetivo de reponer a Sánchez en la Moncloa con el respaldo de los favorecidos en la operación. ¿Sólo los independentistas saldrían favorecidos? En el entorno del PSOE y Sumar se argumenta que es de interés general. Por tanto, es necesario echar en el olvido los indeseados efectos del llamado conflicto catalán.
El problema es que solo una parte del conflicto quiere olvidar, la que otorgaría la amnistía. La otra parte no solo no olvida, sino que anuncia que volverá a intentar su objetivo segregacionista. Por las buenas o por las malas.