En cualquier proyecto empresarial, la elección de socio es clave para el éxito de la empresa. Y en política también. En una red social de relaciones laborales se abunda en la misma idea: un socio de negocios incorrecto es como un mal matrimonio, aunque es más fácil obtener un divorcio que poner fin a una mala asociación.
A medida que llegan los días del tópico de los primeros cien de los nuevos rectores de las instituciones de las Balears, aparecen indicadores nítidos de que Vox es, y va a ser, un mal socio para el PP, entre otras razones porque el objetivo a batir por parte de los de Santiago Abascal es la hegemonía de los populares en el ámbito del centro derecha. Durante el debate de la investidura presidencial de Núñez Feijóo, el dirigente ultra quiso poner al candidato del PP en la disyuntiva de colaborar con Vox «sin remilgos y sin complejos» o abrir la puerta de su despacho a quienes «le van a susurrar que debe acabar con Vox». En realidad, el dilema no es del PP, el grupo mayoritario, sino del partido de extrema derecha, que debe decidir entre aceptar ser bastón de los populares o seguir coadyuvando a la persistencia de gobiernos de la izquierda. No debería engañarse el PP. A Vox ya le puede ir bien consolidarse como referente opositor único a Pedro Sánchez y sus abyectas alianzas. Aunque Feijóo ha puesto de manifiesto que hay futuro y que otra política más allá del enfrentamiento a cara de perro entre bloques ideológicos es posible.
En Balears, Vox ya enseña los colmillos, en forma de lo que llaman oficina de libertad lingüística; el PP, con buen criterio, se refiere a derechos lingüísticos, en plural, porque dos son las lenguas oficiales en esta Comunidad. La finalidad de la propuesta ultra es la de «defender» el castellano frente a la «imposición» del catalán. Quizá si, en un arranque sobrevenido de sentido común, los promotores de la iniciativa fueran capaces de trascender sus fobias, no solo idiomáticas, y salieran a la calle se apercibirían de que la realidad no es como la cuentan, sino que la prescripción del Estatut d'Autonomia de les Illes Balears referida a la protección y promoción de la lengua catalana propia no es un capricho de los redactores del Estatut, sino la respuesta a la necesidad de conservar un patrimonio esencial. Aunque los radicales de derechas pretendan ocultarse detrás de la conservación de las modalidades insulares, su compulsión obsesiva es contra el catalán que, por mucho que les pueda doler, los indígenas queremos seguir utilizando a nuestro libre albedrío. Vox no se priva de plantear un régimen de sanciones, que no afectará a particulares ni a empresas, sostienen. ¿Quiere ello decir que estará en peligro de multa el funcionario que no utilice el castellano? ¡Venga ya!
La izquierda está encantada con las propuestas de Vox, con la ensoñación de revivir el ambiente que propició la gran manifestación ciudadana contra las políticas, no sólo lingüísticas, de José Ramón Bauzá. Y es cierto que los pactos con la ultraderecha, Valencia, Extremadura, Murcia, incluso Baleares aunque Vox no haya entrado en el Govern, devaluaron las opciones del PP para seguir creciendo electoralmente en España. Y ahora, en Palma, los toros. ¿Pueden los niños ir al cine a ver películas gore, de sang i fetge? Pues eso.