Han pasado más de 30 años y el túnel de Sóller vuelve a estar de actualidad. Tres décadas de polémica, en las que no ha faltado de nada, desde concesiones cuestionables, condenas judiciales, incluida la del expresidente Gabriel Cañellas, imposibles de ejecutar por la prescripción de los delitos, hasta decisiones ilegales y fallos condenatorios que, como siempre, suponen esquilmar los bolsillos de los ciudadanos.
El día que el Consell de Mallorca, con Miquel Enseñat y Mercedes Garrido a la cabeza, decidieron poner fin al peaje, rescatando la concesión ‘a las bravas', por 16,3 millones de euros, la mitad de lo que reclamaba la empresa afectada, en lugar de esperar los cinco años que restaban para que volviese a sus manos, empezó la penúltima historia de despropósitos, porque la última la ha escrito el Tribunal Supremo, declarando la ilegalidad de esta actuación, lo que obliga a indemnizar a Globalvía. Esta sentencia deja claro que es hora de acabar con la impunidad de los políticos y obligarles a pagar con su dinero el coste de sus actuaciones.