Uno de los más infames chiringuitos del fenecido Pacte ha sido la pomposamente llamada Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. Nacida como exigencia podemita, y supuestamente para los fines que su propio nombre indicaba, pronto se mostró como un mero departamento del Govern cuya finalidad era tener controlados sectores de la administración gestionados por otros partidos –singularmente, ayuntamientos– a los que remitía fantasmagóricos requerimientos para que acreditasen tal o cual cuestión –la inmensa mayoría, pijadas administrativas de toda índole, sin trascendencia penal alguna– y, de paso, hacerles entender que el Pacte los vigilaba de cerca, no fuera cosa que acabasen en portada de los medios afectos como presuntos corruptos.
Para la lucha contra la verdadera corrupción ya existían el Ministerio Fiscal, los jueces, la Intervención de todas las instituciones públicas y la Sindicatura de Comptes, nada menos. A propósito de esta última, cómo sería de obscena la actuación administrativa de la Oficina que el Síndic Major, el socialista Joan Rosselló, hubo de poner de manifiesto en distintas ocasiones las presuntas y graves irregularidades en materia de contratación cometidas en el seno del meritado chiringuito, lo que le honra. Lástima que los sucesivos directores de la Oficina –primero, Jaime Far, y actualmente el socialista Cristòfol Milán– anduvieran tan ocupados con las irregularidades de los demás que no tuvieran tiempo de fijarse en las propias.
El balance, en términos económicos de rentabilidad por la inversión, no puede ser más patético. Casos de verdadera corrupción descubiertos por la Oficina: Cero. Dinero del contribuyente salvado de las zarpas de los corruptos: Cero.
Dinero de los contribuyentes dilapidado en la Oficina: Un millón y medio de euros anuales. Es, pues, una excelente noticia el anuncio de Marga Prohens de acabar con esta canonjía. Urge, en todo caso, que se investigue a fondo su funcionamiento y se depuren, si procede, las responsabilidades de todo tipo que de ahí se deriven.
Me llega por diversos canales una información que, de confirmarse, sería altamente preocupante. Resulta que desde Funció Pública, dependiente de la Conselleria de Presidencia de la santamariera Antònia Estarellas se estará dificultando sistemáticamente el relevo de los cargos de confianza –los centenares de enchufados del armengolismo– en las distintas consellerías con absurdas excusas formales. Forzar a consellers y directores generales a trabajar con quienes fueron colocados para servir a los designios políticos del Pacte es una evidencia de falta de claridad política alarmante. Una cosa es que el nuevo ejecutivo haya demostrado –y lo ha hecho– no actuar con sectarismo al ratificar valiosos altos cargos de la etapa anterior –como el doctor Oriol Lafau o el director general de Agricultura, Fernando Fernández– y otra cosa bien distinta es hacer gala de complejos a la hora de desplegar las políticas del nuevo Govern y minar el trabajo de quienes han aparcado sus vidas profesionales para servir al programa del Partido Popular, creando su propio equipo.
Los votantes se manifestaron claramente por el cambio. Es solo cuestión de creérselo y de actuar en consecuencia.