Aunque el daño ya está hecho y también la humillación a las instituciones democráticas y el deterioro de la imagen de España es grande, porque en ningún país de la UE hay un Gobierno que se deje someter a chantajes de naturaleza política por obra de un prófugo de la Justicia, quizá quepa una salida.
Dado lo denigrante del peaje que plantea Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Sánchez –una ley de amnistía para sus delitos y los de cuantos participaron en el intento de golpe del ‘procés', además de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación y el nombramiento de un mediador para verificar el eventual cumplimiento de estas condiciones– éste debería rechazar el chantaje y tomar una decisión que podría poner las cosas en su sitio restaurando el crédito de una democracia.
Hablo de convocar nuevas elecciones. Convocar elecciones atreviéndose Pedro Sánchez –y su satélite Sumar– a llevar en el programa electoral del PSOE las condiciones que impone el huido Puigdemont. Conoceríamos la opinión de los votantes al respecto corrigiendo así lo ocurrido en la campaña del 23-J en la que Sánchez solo habló de la amnistía para decir que no tenía cabida en nuestra Constitución. De todos es conocida la facilidad con la que el presidente del Gobierno no solo cambia de idea sino que asume con naturalidad lo contrario de lo que puede estar predicando un día y cambiar al siguiente. Pero la única salida para corregir el bochornoso espectáculo de las últimas horas negociando con Puigdemont –cuyas condiciones para apoyar la investidura de Sánchez, de ser aceptadas, supondrían la claudicación del Estado de derecho ante un delincuente–, pasa por consultar a los ciudadanos.
Que los partidos dejen claro en sus programas electorales qué harían caso de repetirse la actual situación de bloques y sí transigirían con las condiciones de los separatistas. Las urnas no son el Jordán, pero, llegado el caso todos sabríamos a qué atenernos y qué era, de verdad, lo que estaba en juego.