Una democracia responsable no puede amnistiar continuamente a sus propios destructores. La amnistía es una institución de excepción en todo Estado de derecho… hay que reconocer que en España ya no hay posibilidad de delitos políticos. La amnistía era obligada para todos los demócratas que, al cambiar el régimen, se hallaban cumpliendo condena por hechos o actos que constituyen el ejercicio legítimo de libertades o derechos».
Así se manifestaba Antonio Carro (Alianza Popular) en el debate de 1977 sobre la proposición de ley de amnistía del tiempo del franquismo. Marcelino Camacho (PCE), Txiqui Benegas (PSOE) y Arias Salgado (UCD), argumentaron que para asentar la democracia y reconciliar a los españoles que habían vivido en la dictadura, la amnistía era un instrumento oportuno para un momento totalmente excepcional.
Muchos años después, el entonces ministro socialista y hoy juez del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo, dijo claramente que la amnistía no cabía en la Constitución. No está prohibida porque al ser algo muy excepcional dependerá de la ley que la establezca. Conceptualmente no tiene sentido, solo para los momentos de un cambio político extraordinario. Que no es el caso. Lo más triste es que Sánchez propone o acepta decisiones no por convicción sino por necesidad de votos y claro, perdón por autocitarme, «la democracia no lo aguanta todo».
Si en democracia no puede haber delitos políticos ni presos políticos, tampoco puede haber amnistía por razones políticas. Una cosa es el indulto que afecta a la pena, pero no borra nada y otra la amnistía donde el Ejecutivo pretende substituir al judicial en sus funciones jurisdiccionales y borrar la responsabilidad jurídica.
Si la amnistía fuese borrón y cuenta nueva podría imaginarse, pero en el caso catalán no encaja. Pretende anular la responsabilidad de una acción temeraria y organizada contra la Constitución y contra la unidad del país, consagrada en la Constitución, por unas personas que lo volverían a hacer si la ocasión les fuese propicia. Nunca han renunciado a lo que hicieron.
Es imposible amnistiar a quienes toleraron, aceptaron o promovieron acciones violentas de los famosos CDR contra las infraestructuras o, recientemente, contra los ciclistas italianos, franceses, holandeses, etc. de la Vuelta a España, sembrando la carretera de chinchetas o queriendo verter 500 litros de aceite para producir una gran catástrofe. No, no hay amnistía posible.
¿Se atreverá Sánchez a proponer una ley de amnistía que alcance a los condenados por el ERE en Andalucía, a Bárcenas o a los chanchullos del PP en la Comunidad de Madrid? Al fin y al cabo, han sido delitos de clara intención política, para obtener ventaja en las urnas. Pues no sé que decirles. Si lo necesita ¿cuántas leyes de amnistía podrían proponerse?