Se afronta la recta final de la declaración de la renta, con los contribuyentes acojonados sabiendo que el Estado intentará pulverizar el ya logrado récord de recaudación. La Agencia Tributaria ha invertido 7,2 millones de euros en una campaña publicitaria para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de cumplir sus obligaciones fiscales, como si las posibles sanciones no fueran suficientes para disuadir del escaqueo. No hace falta amedrentar, porque Hacienda ya aparece en las pesadillas de todo currante como la versión más perversa de Freddy Krueger.
Algunos paganos deben pensar que sería más útil destinar esa cantidad a rebajar las cuotas a los autónomos o a proyectos sociales diferentes al pago de bonus a inspectores fiscales. No entienden, los que se quejan, que la sensibilización justificará nuevos impuestos y su pago con convencimiento y alegría.
Justo cuando iba a empezar la presente campaña de la renta, Hacienda y los sindicatos firmaron la renovación del Plan de Intensificación de Actuaciones, bonito eufemismo para referirse a la persecución de los que sostienen el sistema. Se trata de un plan de incentivos por recaudación que ahora han mejorado aún más, es decir, una sarta de comisiones para los inspectores que pillen a los pillos, o a los miserables. Así se ha añadido un aguinaldo de unos 2.400 euros a los bonus de hasta 30.000 que ya cobraban ¡aunque sus intervenciones fracasaran! y que se suman a sus 60.000 de media de salario bruto anual. Igual hasta reciben el bonus por detectar a desgraciados que no hicieron declaración de IVA en un trimestre en el que no facturaron nada. ¡Qué evasores!
El 96% de los asesores fiscales acusa a Hacienda de regirse por criterios recaudatorios y no por justicia tributaria. Qué malpensados, por favor. Va a tener razón Podemos con aquello de que «la justicia fiscal no puede ser de quita y pon» y que es a las grandes fortunas a las que hay que meter mano. Precisamente el pasado lunes el BOE publicó la Orden para gravar de forma complementaria los patrimonios superiores a 3 millones de euros. Pero este impuesto temporal se aplicará sólo en los ejercicios de 2022 y 2023 y, por cierto, no tendrá efectos prácticos en Baleares, a pesar de ser una de las comunidades con mayor porcentaje de millonarios de España, porque ya existe aquí un impuesto de patrimonio.
Lástima que la valentía no haya llegado a incorporar la propuesta de Més per Mallorca que el Parlament aprobó el 7 de febrero sobre un posible impuesto de bienes de lujo no productivos, como son las propiedades de empresas no necesarias para su actividad económica: viviendas, vehículos de más de 200 caballos, yates, aeronaves, obras de arte y joyas.
En febrero, Montoro lanzó a su legión de inspectores a la calle para detectar economía sumergida e irregularidades de facturación, especialmente en el sector de la construcción. También se anunció vigilancia de los falsos no residentes, esos que viven de hecho en España pero sitúan su residencia en otros territorios de baja tributación. En Baleares hay otra modalidad: los de segundas flamantes residencias que son primeras, y que dejan sus impuestos sobre la renta en sus países de origen.
Aún recuerdo el eslogan aquel de ‘Hacienda somos todos'. Que es como decir «qué paliza les dimos ellos a nosotros».